El Gobierno nacional decidió eliminar las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad. La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte y generó cuestionamientos de organizaciones sociales y sectores vinculados al sistema de movilidad.
Hasta ahora, las compañías de micros de larga distancia recibían reintegros estatales por los boletos emitidos sin costo a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un beneficio establecido por ley. Con la nueva disposición, las empresas deberán continuar garantizando esos viajes gratuitos, pero dejarán de percibir compensaciones económicas por parte del Estado nacional.
La resolución elimina el mecanismo mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad y sus acompañantes cuando correspondía.
Desde el Gobierno argumentaron que la decisión forma parte del plan de reducción del gasto público y reorganización de subsidios impulsado por la administración de Javier Milei. Según explicaron, el beneficio para los pasajeros continuará vigente y las empresas deberán seguir cumpliendo con la normativa actual.
Sin embargo, cámaras empresarias del transporte advirtieron que la eliminación de esos fondos podría afectar la sustentabilidad del sistema, especialmente en recorridos de larga distancia donde el número de pasajes gratuitos suele ser elevado.
Preocupación de organizaciones y usuarios
Distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad manifestaron preocupación por el posible impacto de la medida. Temen que algunas empresas compliquen el acceso a los boletos gratuitos o reduzcan frecuencias ante la pérdida de ingresos.
Sumado a esto, advirtieron que históricamente ya existían dificultades para conseguir pasajes, especialmente en temporadas altas o fines de semana largos. Según señalaron, el nuevo escenario podría profundizar esos problemas.
El pasaje gratuito es un derecho para personas con discapacidad que está contemplado en la legislación nacional y obliga a las compañías habilitadas a reservar plazas para quienes posean el Certificado Único de Discapacidad.
El argumento oficial
Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema de subsidios presentaba irregularidades y falta de controles adecuados. Además, remarcaron que el Estado continuará fiscalizando que las empresas cumplan con la entrega de pasajes gratuitos pese a la quita de compensaciones económicas.
La medida se enmarca dentro del proceso de ajuste y reducción de subsidios aplicado por el Gobierno nacional en distintos sectores de la economía, incluyendo transporte, energía y programas estatales.
La decisión reavivó el debate sobre el financiamiento del transporte público y las políticas de accesibilidad. Mientras el Gobierno defiende la eliminación de gastos estatales, organizaciones sociales y sectores vinculados a la discapacidad reclaman garantías para evitar restricciones en un derecho considerado esencial para la movilidad, la atención médica y la inclusión social.
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