El Gobierno nacional decidió retomar la iniciativa en el Congreso con el impulso de una nueva ley de discapacidad y la reactivación del debate por el financiamiento universitario, dos temas centrales que ya habían generado fuerte discusión en 2024 y 2025. Las propuestas buscan reemplazar iniciativas aprobadas por la oposición y redefinir el rumbo de ambas políticas públicas.
El nuevo proyecto de Emergencia en Discapacidad, ingresado el último viernes por el oficialismo, pone el foco en las pensiones por invalidez y se presenta bajo la denominación de ley contra el fraude, mientras que la iniciativa sobre universidades —ya en el Congreso desde febrero— comenzará a tratarse en las próximas semanas en las comisiones de Educación y Presupuesto.
En el caso del sistema universitario, el Ejecutivo busca equilibrar las necesidades de financiamiento —como gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes— con las previsiones reales del Presupuesto vigente. A diferencia de la ley impulsada por la oposición, el nuevo proyecto no contempla ajustes sobre ejercicios anteriores.
La propuesta oficial incluye recomposición de partidas para el funcionamiento de las universidades, actualización de fondos para hospitales universitarios y un refuerzo en programas de becas estratégicas, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior gratuita. También prevé mayor inversión en tecnología y formación docente.
Sin embargo, desde la oposición reclaman medidas urgentes. Legisladores de distintos espacios exigieron la actualización inmediata de salarios y becas, y pidieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que garantice el cumplimiento de la ley vigente. Esa norma, sancionada el año pasado tras el veto presidencial, establece que los incrementos deben acompañar la inflación medida por el IPC del INDEC.
En ese marco, el Poder Judicial ya ordenó al Ejecutivo actualizar los sueldos, aunque el Gobierno apeló la decisión y presentó un recurso ante la Corte Suprema, mientras impulsa su propio proyecto en el Congreso.
En paralelo, la situación de la ley de discapacidad sigue un camino similar. La norma aprobada en 2025 por la oposición enfrenta presión judicial para su implementación, mientras el oficialismo promueve una nueva iniciativa que apunta a revisar el sistema de pensiones.
El proyecto oficial sostiene que entre 2003 y 2023 las pensiones no contributivas crecieron de 76.000 a 1.200.000, un incremento que consideran desproporcionado. En ese sentido, propone garantizar un financiamiento sostenible, fortalecer a los prestadores y establecer un régimen de emergencia que contemple regularización de deudas, condonación de intereses y refinanciación.
Además, incluye medidas para actualizar los valores de las prestaciones, sostener las pensiones cuando corresponda y avanzar en políticas de inclusión y prevención.
El escenario político se completa con la expectativa por la presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril, en una sesión que se anticipa tensa. La oposición espera respuestas en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos por viajes al exterior.
Desde el oficialismo buscaron bajar el tono, aunque admiten que el clima será complejo. “Será una sesión picante, compren pochoclos”, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Comentarios