El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso decisivo en su estrategia de ajuste y control del gasto social al enviar al Senado el proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. La normativa busca modificar de raíz la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793), que el Gobierno viene incumpliendo pese a los fallos judiciales que ordenaban su aplicación.
La iniciativa ingresa en un clima de alta tensión política tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y propone un endurecimiento severo de los requisitos para acceder y mantener la ayuda estatal.
Reempadronamiento y fiscalización
El eje central del proyecto es la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica y su situación socioeconómica. Según el texto oficial, quienes no cumplan con este trámite sufrirán la suspensión automática y posterior baja del beneficio. Además, se faculta al Estado a realizar cruces de información entre ANSES, ARCA y otros organismos para detectar “inconsistencias” y aplicar suspensiones preventivas.
Incompatibilidad con el trabajo formal
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la instauración de una “incompatibilidad absoluta” entre la pensión y cualquier forma de empleo registrado. Esto anula la posibilidad de que una persona con discapacidad mantenga el beneficio estatal mientras accede a un trabajo formal, revirtiendo avances logrados en los últimos años para fomentar la inclusión laboral.
Cambios en montos y prestaciones
El nuevo sistema establece los siguientes puntos clave:
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Haber fijo: La pensión se fija en el 70% de la jubilación mínima, eliminando adicionales por zona geográfica desfavorable.
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Fin del nomenclador único: El proyecto desregula la negociación de aranceles con obras sociales y prepagas, permitiendo convenios diferenciados entre Nación y provincias.
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Actualización: Las prestaciones se ajustarían trimestralmente por IPC, incorporando una compensación de emergencia para prestadores.
Con el ingreso por la Cámara Alta, la Casa Rosada busca asegurar una mayoría que le sea esquiva en Diputados, aunque se anticipa un fuerte debate con los bloques aliados que el año pasado votaron a favor de la ley que hoy el oficialismo busca derogar.
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