El Gobierno nacional salió a responder a la polémica generada por el amarre del buque petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia y rechazó que su presencia implique una cesión o pérdida de soberanía argentina.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el buque había trabajado previamente en territorio fueguino y que su ingreso a Ushuaia tuvo como objetivo realizar tareas de aprovisionamiento. Según detalló, el barco había cargado petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que el ingreso de la embarcación contó con autorización provincial y nacional. Ravier señaló que la monoboya utilizada para las operaciones es de jurisdicción de Tierra del Fuego y que, por ese motivo, el Ejecutivo provincial avaló inicialmente el ingreso.
El Gobierno sostiene que no se incumplió ninguna ley
Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que “el accionar del buque no viola ninguna ley” y explicó que la normativa fueguina que restringe el ingreso de embarcaciones vinculadas con el Reino Unido tiene un alcance específico.
Según Ravier, la denominada Ley Gaucho Rivero establece restricciones para buques asociados a Inglaterra cuando se encuentran vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
En este caso, el Gobierno considera que esa condición no se cumple porque el VS Promise había realizado sus operaciones en la cuenca de Cullen, dentro de la jurisdicción argentina, y posteriormente ingresó a Ushuaia únicamente para aprovisionarse.
“Las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto”, sostuvo el vocero.
De esta manera, la Casa Rosada buscó desactivar las críticas vinculadas con la soberanía y remarcó que la embarcación no realizó actividades relacionadas con la explotación de recursos en la cuenca de Malvinas durante su paso por Tierra del Fuego.
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