El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de la Nación de un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una normativa vigente desde la década de 1970. La iniciativa fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y desarrollada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que la propuesta apunta a adaptar el sistema societario argentino a las necesidades de la economía moderna.
Según explicó el funcionario, la reforma busca reemplazar un esquema que calificó como “rígido y anacrónico” por un modelo basado en la autonomía de las partes, la libertad contractual y la desregulación, con el objetivo de fomentar inversiones y facilitar el desarrollo de negocios en el país.
“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó Sturzenegger al presentar la iniciativa. El ministro sostuvo que el proyecto actualiza una ley que consideró desactualizada y que se incorpora al conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno para fortalecer el crecimiento económico.
Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades.
Fin.
— Manuel Adorni (@madorni) May 29, 2026
“Es un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando”, señaló.
Uno de los cambios centrales de la propuesta es la reducción de la intervención estatal en la organización interna de las empresas. Según explicó Sturzenegger, las disposiciones legales pasarán a tener un carácter supletorio, otorgando mayor relevancia a los estatutos que definan los propios socios. “El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, expresó.
En ese sentido, agregó: “Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.
Además, el funcionario remarcó que las restricciones estatales serán excepcionales y que los organismos de control no podrán imponer limitaciones que no estén contempladas por la legislación. “Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, aclaró.
La iniciativa también contempla una modificación profunda en relación con el objeto social de las empresas. De aprobarse el proyecto, las sociedades podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que estén vinculadas entre sí.
Incluso, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se entenderá que la sociedad está habilitada para realizar cualquier actividad lícita. “Implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, destacó Sturzenegger al explicar los cambios.
Otro aspecto novedoso de la reforma es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos a legislaciones extranjeras o al derecho mercantil internacional. Además, los socios podrán incorporar cláusulas arbitrales dentro de los estatutos para resolver disputas sin necesidad de acudir a la Justicia ordinaria.
“También podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai”, explicó el ministro. Según detalló, en esos modelos internacionales las relaciones societarias pueden regirse por la legislación que elijan libremente las partes involucradas.
La reforma también incorpora un fuerte proceso de digitalización, que alcanzará tanto la constitución de las empresas como su funcionamiento cotidiano.
Entre las medidas previstas figuran la implementación de domicilios electrónicos, libros y registros digitales, asambleas virtuales, la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y la creación de un legajo digital público para cada compañía.
“Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, concluyó Sturzenegger.
Ahora, el proyecto deberá iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las reformas económicas e institucionales más importantes impulsadas por el Gobierno en materia societaria.
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