La madrugada terminó con una victoria ajustada para el Gobierno de Javier Milei en el Senado. Después de una extensa jornada de debate y negociaciones, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió la media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra, en una votación que volvió a mostrar la dificultad del oficialismo para construir mayorías propias y la importancia de los bloques provinciales y dialoguistas. El proyecto, impulsado originalmente por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, había llegado al recinto después de varias postergaciones y sucesivas modificaciones.
Pero la votación fue apenas el punto final de una jornada atravesada por negociaciones. Durante todo el día, el oficialismo buscó cerrar acuerdos con los sectores dialoguistas del Senado y, en paralelo, con los gobernadores que habían planteado reparos sobre distintos aspectos del proyecto. El Gobierno ya había llegado a esta instancia después de aceptar una primera concesión: el día anterior había decidido retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras, uno de los puntos que mayor rechazo había generado entre organizaciones sociales, ambientalistas y otros sectores de la sociedad civil. La cuestión había sido, además, uno de los principales obstáculos que habían impedido tratar la iniciativa en julio, cuando el Senado debió pasar a un cuarto intermedio por falta de votos.
La negociación continuó hasta las últimas horas y terminó con una nueva poda al proyecto: el oficialismo retiró también el capítulo referido al manejo del fuego, otro de los aspectos más controvertidos de la iniciativa. El texto original había planteado modificaciones sobre distintas normas vinculadas con la propiedad, las expropiaciones, los desalojos, las tierras rurales y la protección de terrenos afectados por incendios. En ese camino, el Gobierno fue recortando los puntos que podían hacer naufragar la votación para conservar el núcleo del proyecto y alcanzar una mayoría que, hasta entrada la noche, todavía no estaba asegurada.
La tensión que se vivió puertas adentro del Congreso tuvo su correlato en la calle. Mientras los senadores discutían el proyecto y los negociadores oficiales buscaban sumar los votos que faltaban, manifestantes se concentraron frente al Congreso y se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad, que terminaron con personas detenidas. Así, la madrugada dejó dos imágenes contrapuestas: dentro del recinto, un oficialismo obligado a negociar y resignar parte de su proyecto para conseguir la media sanción; afuera, una protesta que terminó en enfrentamientos y detenciones. La iniciativa deberá ahora continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tendrá por delante una nueva ronda de negociaciones para intentar convertir en ley un proyecto que llegó al Senado después de meses de fuertes resistencias políticas y sociales.
La maniobra de Bullrich
En una jornada atravesada por tensiones políticas y nuevas diferencias entre el Gobierno y la vicepresidenta Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había logrado este jueves bloquear el voto a distancia de dos senadores que no pudieron viajar al Congreso. La decisión terminó frustrando el pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuyo voto era considerado determinante para el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La legisladora de Unión por la Patria había solicitado participar de manera remota debido a que cursa un embarazo avanzado que le impide trasladarse desde Mendoza hasta Buenos Aires. En una situación similar se encontraba el radical catamarqueño Flavio Fama, quien permanece en recuperación tras una intervención quirúrgica.
Si bien Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, había dado luz verde a ambos pedidos, la habilitación definitiva dependía de la aprobación del cuerpo durante el inicio de la sesión.
Apenas comenzó el debate, Bullrich tomó la palabra y propuso que la discusión sobre las licencias y el voto remoto quedara pendiente hasta ser analizada por la Comisión de Asuntos Institucionales.
La ministra argumentó que, ante la controversia generada en torno al mecanismo de votación no presencial, era necesario debatir previamente un marco reglamentario antes de volver a habilitar ese sistema.
La moción fue sometida a votación a mano alzada y obtuvo un amplio respaldo, incluso con votos de sectores del peronismo, por lo que los pedidos de Fernández Sagasti y Fama quedaron sin efecto.
Un proyecto que ya había sido modificado
La sesión se desarrolló luego de que el oficialismo decidiera retirar del proyecto el capítulo que habilitaba modificaciones en la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.
Ese apartado había generado una fuerte resistencia tanto dentro del Congreso como fuera del ámbito político. Gobernadores, dirigentes opositores e incluso referentes de la cultura y del deporte cuestionaron la iniciativa, lo que terminó debilitando la posición del Gobierno.
Inicialmente, Bullrich había anunciado cambios en ese punto, elevando el límite de tierras en manos extranjeras del 15% al 25%, pero la falta de respaldo parlamentario obligó finalmente al Ejecutivo a eliminar por completo ese capítulo para evitar que el resto de la ley quedara trabado.
El intento del kirchnerismo por frenar la sesión
Antes de comenzar el tratamiento del proyecto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, intentó que la iniciativa regresara a comisión.
El senador formoseño sostuvo que el dictamen definitivo había sido distribuido pocas horas antes del debate, lo que impedía un análisis serio por parte de los legisladores.
La moción obtuvo 31 votos afirmativos, pero fue rechazada por 38 senadores, por lo que la sesión continuó según lo previsto.
Preocupación en la Casa Rosada
Aunque el Gobierno consiguió mantener en pie el tratamiento del proyecto, en la Casa Rosada reconocen que la eliminación del capítulo sobre la venta de tierras representó un importante costo político.
Fuentes oficiales admiten que varios gobernadores que inicialmente respaldaban la iniciativa terminaron retirando su apoyo ante el rechazo que despertó la propuesta en la opinión pública.
Según trascendió, en el oficialismo consideran que la negociación “se cayó como un castillo de naipes” cuando comenzaron a desmoronarse los respaldos que daban por asegurados.
Pese a ese revés, en Balcarce 50 sostienen que se trató de un episodio excepcional y descartan, por ahora, que marque una tendencia para futuras votaciones. No obstante, reconocen que un nuevo traspié legislativo de estas características podría encender una señal de alarma dentro del Gobierno.
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