La decisión del oficialismo de retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras cambió el escenario del debate en el Senado, pero no desactivó el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que el Gobierno buscará aprobar este jueves, todavía incorpora cambios de peso en materia de alquileres, expropiaciones, manejo del fuego y administración de los registros de la propiedad.
La marcha atrás con la flexibilización para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros respondió a la falta de respaldo político. Tras las advertencias de gobernadores y bloques dialoguistas de que no acompañarían ese punto, La Libertad Avanza optó por retirar el apartado para intentar reunir los votos necesarios y sostener la sesión.
Con ese capítulo fuera del proyecto, la discusión en la Cámara alta se concentrará ahora en otros aspectos que también generan debate por su impacto sobre propietarios, inquilinos y la actuación del Estado.
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Desalojos: procesos judiciales más rápidos
Uno de los cambios más relevantes propone agilizar los juicios de desalojo mediante la utilización del procedimiento sumarísimo, el trámite más breve previsto por el Código Procesal Civil y Comercial.
La modificación alcanzaría tanto a inquilinos con deudas de alquiler como a personas que deban restituir un inmueble. En el caso de viviendas, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda judicial.
Además, el proyecto facilita la restitución anticipada del inmueble al reemplazar la exigencia de una caución real por una declaración jurada del demandante.
El desalojo seguirá requiriendo una resolución judicial, aunque el objetivo de la reforma es reducir los tiempos del proceso. Mientras el oficialismo sostiene que permitirá proteger con mayor rapidez el derecho de propiedad, sectores críticos advierten que podría acotar las posibilidades de defensa de los ocupantes.
Más condiciones para las expropiaciones
Otro de los capítulos modifica la Ley de Expropiaciones con el objetivo de endurecer los requisitos que deberá cumplir el Estado para avanzar sobre un bien privado.
El proyecto establece que toda declaración de utilidad pública deberá justificar de manera precisa el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional.
También incorpora cambios en las indemnizaciones. Además del valor del inmueble y los daños directos, podría contemplarse el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deje de percibir como consecuencia de la expropiación. A su vez, el monto deberá actualizarse y el Estado no podrá adquirir definitivamente el bien hasta haber abonado la totalidad de la compensación.
La iniciativa también restringe la ocupación temporaria de inmuebles por parte del Estado, fijando un plazo máximo de 90 días y limitando su utilización a situaciones excepcionales.
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Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto también mantiene modificaciones sobre la Ley Nacional de Manejo del Fuego, aunque con un alcance menor al planteado originalmente.
Actualmente, la normativa impide durante décadas modificar el uso o desarrollar determinados emprendimientos en terrenos afectados por incendios, con el objetivo de evitar que las quemas se utilicen para obtener beneficios económicos.
La versión que llegará al recinto conserva las restricciones para los bosques nativos, pero elimina el plazo de 30 años que hoy rige para parte de las tierras rurales productivas incendiadas. De aprobarse, esos terrenos podrían volver a venderse, cambiar de destino o desarrollar nuevas actividades en un plazo menor.
El Gobierno sostiene que las limitaciones actuales perjudican a propietarios cuando los incendios fueron accidentales. En cambio, organizaciones ambientalistas advierten que la flexibilización podría favorecer la especulación inmobiliaria o agropecuaria y reactivar incentivos para las quemas intencionales.
Digitalización de los registros
La iniciativa también incluye un capítulo destinado a modernizar los registros de la propiedad inmueble, promoviendo la digitalización de los trámites, la reducción de los tiempos administrativos y una mayor integración entre los sistemas nacionales y provinciales.
Con la salida del capítulo sobre la Ley de Tierras, el eje del debate ya no estará en la compra de campos por extranjeros, sino en un conjunto de reformas que impactan sobre la protección de la propiedad privada, los procesos de desalojo, las expropiaciones y el régimen aplicable a los terrenos afectados por incendios. Estos serán los principales puntos que los senadores deberán definir durante la sesión.
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