El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 695/2025, el comienzo de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que genera energía nuclear. La medida combina la venta de acciones a inversores privados con un Programa de Propiedad Participada. Sin embargo, el Estado se asegura la mayoría accionaria.
Composición de la empresa
Hoy por hoy, el Estado nacional tiene el 79% del control de Nucleoeléctrica, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 20% y Energía Argentina S.A. (ENARSA) el 1%. Con el nuevo esquema, esto va a cambiar:
- El 44% de las acciones se va a vender a través de una licitación pública, que va a ser nacional e internacional.
- Se implementa un Programa de Propiedad Participada del 5%, que estará destinado a los trabajadores.
- El Estado nacional y la CNEA se quedan con el 51%, lo que garantiza el control mayoritario.
Además, el decreto establece que ENARSA tiene que transferir el 1% de sus acciones de NASA al Estado.
Razones y financiación
El Ejecutivo afirma que la participación estatal no garantizó la eficiencia económica y que al sumar capital privado se va a lograr:
- Financiar proyectos clave, como extender la vida útil de Atucha I (algo que tienen previsto para 2027).
- Completar el proyecto de almacenamiento en seco de combustible para Atucha II.
- Bajar el déficit fiscal y diversificar los riesgos en la gestión de la empresa.
El Gobierno insiste en que necesita sumar socios privados para fortalecer la competitividad, a pesar de que la compañía recibió transferencias de capital estatal por $700 millones para inversiones en 2023.
El decreto reconoce la capacidad técnica de Nucleoeléctrica, que en 2024 logró un récord de 10,4 millones de MWh generados, pero sostiene que para mantener ese nivel y encarar nuevas inversiones la clave es abrir la puerta al capital privado.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, se encarga de ejecutar la privatización. El decreto también exige la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar el Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, tal como exige la ley.
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