En el marco de una investigación por lavado de activos provenientes de la venta de drogas, Gendarmería detuvo a Rosa Capuano, que debe ser indagada por el juez Marcelo Bailaque. Se trata de la ex pareja de Esteban Alvarado, ya condenada por la justicia provincial y ahora enfrenta una nueva causa, pero ante un Juzgado Federal.
Red Boing pudo acceder al escrito con el que se solicitó la detención e indagatoria, firmado el pasado 11 de abril. Entre otros elementos llamativos, en la investigación de los fiscales federales consta que desde un Nextel que habría utilizado Alvarado se mandaba a “trasladar de madrugada las bolsas de avena y viruta, cuando no esté Rosi”. Según el propio documento que fue elevado al juez Bailaque, se trata de “circunstancias que hacen suponer que se trataría de una maniobra ilegal”. Un investigador consultado por este medio explicó: “Eso es de la época en que Alvarado usaba Nextel y estaba intervenido en la causa que llevó adelante el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari”.
El documento de los fiscales que llevó a la detención de Capuano, señala que tanto ella como Alvarado tuvieron conductas sancionadas por el Código Penal entre 2012 y 2019, por “haber puesto en circulación, en forma habitual y organizada, durante el periodo comprendido entre 2012 a 2019, activos originados en la actividad ilícita develada en las causas FRO 5433/2013 y 10307/2015, ocultando su verdadero origen. Para ello, las personas investigadas se valieron de actos simulados, de operaciones coordinadas a partir de la interrelación entre los investigados, y del despliegue de diferentes maniobras tendientes a dificultar el control estatal”.
El informe sobre Los Rosarinos
En 2013, el fiscal Ferrari ya había imputado a Esteban Alvarado por su participación en una organización que robaba autos en Buenos Aires y los vendía en Rosario. Pero gracias a sus aceitados vínculos con la policía, aún preso en Campana siguió delinquiendo: lo hacía por Nextel, desde la prisión. Así quedó registrado en las escuchas que ordenó la Justicia Federal en aquel momento y puede verse en el informe a continuación, emitido por el canal C5N el 4 de noviembre de ese mismo 2013.
Allí, el periodista Mauro Szeta presenta parte de esos materiales y explica, mientras entre otros se ve el rostro de Alvarado: “Era una organización que también hacía entraderas y asaltos a mano armada. Seguían haciendo comunicaciones desde la cárcel. Que tenía conexiones policiales en la provincia de Buenos aires y en Rosario”.
En el informe, que Szeta realizó junto al colega Paulo Kablan, se menciona que la banda que integraba Alvarado tenía información desde la cárcel sobre qué comisarios se iban nombrando en la policía santafesina, también que los detenidos tenían privilegios VIP, como un freezer para guardar pollos y que tenían miedo de se muestren por la televisión los videos de cómo el grupo “del Esteban” bajaba droga en avionetas.
Las conversaciones referían al trabajo del fiscal Ferrari. Y el video tiene un momento insólito: desde la cárcel hablan con la empresa telefónica para quejarse por el servicio, porque no les funciona bien Internet. “Soy de Rosario, pero estoy en Campana”, dice quien llama. Y cuando la operadora pide la dirección, le dice: “Estoy en cana”.
La primera de las causas que cita el pedido de indagatoria
Esa fecha -2013- es la que sitúa como origen de las investigaciones el pedido de indagatoria al que accedió Red Boing, firmado por el titular de la Fiscalía Federal 1 de Rosario, Javier Arzubi Calvo, por los responsables de las Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y María Laura Roteta; y el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Así consta en el citado escrito, que determinó ahora la detención de Capuano: “El 9 de abril de 2013, una persona denunciante manifestó que una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraría llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario. Mencionó también que, en el seno de esa organización, participaba como principal socio de Medina, una persona de apellido Alvarado quien, al momento de esa pesquisa, se encontraba detenido”.
Cabe recordar que también en ese año 2013, tanto el fiscal Ferrari como la Policía de Seguridad Aeroportuaria habían alertado a los jueces federales Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque de que “Los Rosarinos” no sólo se dedicaban al robo de autos, sino también al narcotráfico.
Por esto la última semana, durante el Encuentro de la Justicia Federal, hubo un fuerte cuestionamiento a ambos magistrados federales por no haber aceptado en aquel momento -hace casi una década- la solicitud que hizo PSA de intervenir una serie teléfonos vinculados a Alvarado, lo que hubiera permitido avanzar en el conocimiento de la banda criminal. “No sé de qué me habla”, respondió Bailaque ante la consulta periodística sobre la denuncia que los fiscales Edery y Schiappa Pietra harán en contra suyo al Consejo de la Magistratura por este tema. Pocos días después del entredicho con la prensa que tuvo fuertes repercusiones, el mismo juez firmó la orden de detención contra Rosa Capuano, que hacía un mes tenía en su despacho.
Volviendo al escrito que solicitó la indagatoria, el texto refiere: “Una parte de la organización, dentro de la cual ejercía un rol preponderante Alvarado, se dedicaba a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de ‘venta al menudeo’, a través de bocas de expendio ubicadas en distintas zonas de Rosario. Paralelamente, otros investigados se dedicaban a actividades presuntamente ligadas al lavado de activos, utilizando para ello diversas concesionarias de automóviles de alta gama”.
La mención al crimen de Medina y la avioneta de Alvarado
Luego, el documento menciona que tras el crimen de Luis Medina a fines de 2013, había fuertes sospechas de que la organización siguió funcionando pero “al mando de Alvarado, desde su lugar de detención”. Enseguida, el texto habla de los videos que publicó la última semana Red Boing, de las avionetas “presuntamente descargando material estupefaciente”.
Y por si quedaban dudas sobre la propiedad del teléfono, el pedido de indagatoria establece: “Las mencionadas placas fotográficas fueron capturadas por el mismo modelo de teléfono -Blackberry 9810- utilizado para tomar una serie de fotos donde se observa a Rosa Natalí Capuano arriba de una moto BMW”. En ese teléfono se habían grabado los videos desde una camioneta y luego las imágenes habían aparecido guardadas en una computadora que fue encontrada cuando el fiscal Ferrari mandó a allanar a Alvarado. En la conversación que muestra el informe periodístico de C5N en 2013, los propios detenidos confirman el origen de ese material.
La “viruta” y la “avena”
En otro fragmento, el documento elaborado por el fiscal federal junto a Procunar y Procelac, dice respecto a aqulla investigación: “Una persona que al momento de esas intervenciones telefónicas cumplía en su momento la función de distribuir tareas en la empresa de transporte LOGÍSTICA SANTINO, surgen conversaciones que mantuvo con una persona apodada “Cacho”, quien habría tenido órdenes de ESTEBAN ALVARADO (a quien lo denomina “Patrón”) de trasladar bolsas de “avena” y “viruta”, en horas de la madrugada y que debía hacerlo cuando no esté ROSA CAPUANO, alias “Rosi”, circunstancias que hacen suponer que se trataría una maniobra ilegal”.
Inmediatamente, el trabajo menciona una nueva causa, abierta en 2015 por la Procelac y la UIF por lavado de activos, que encontró “una gran cantidad de bienes y activos a nombre de familiares y entorno de Alvarado”. Más adelante, menciona otra investigación más, abierta en 2018 por una denuncia de identidad reservada, ante el Juzgado Federal 3 de Rosario, por el traslado de casi 500 kilos de marihuana por un camión en Río Negro. Por ese hallazgo, Esteban Alvarado enfrenta además de la causa en tribunales provinciales que llevan Edery y Schiappa Pietra, un juicio ante Tribunales Federales.
Sobre el delito de lavado
El pedido de indagatoria al que accedió Red Boing se conoció en estas horas tras la detención de Capuano y fue firmado el 11 de abril pasado, hace poco más de un mes. Y sienta un precedente para lo que está sucediendo en el Centro de Justicia Penal, donde se espera la sentencia en el juicio por asociación ilícita, homicidios y extorsiones, delitos de los que están acusados Alvarado y otras seis personas.
En su alegato de cierre el martes de esta semana, el abogado de Alvarado sostuvo que no podían juzgar a su defendido por lavar dinero, si no existía ninguna condena por el delito primario. Al respecto, es útil tener en cuenta lo que dicen los fiscales federales en los considerandos del pedido de indagatoria mencionado en esta nota: “Tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en afirmar que, en un proceso criminal por lavado de activos, para tener por acreditado que el bien que se quiere lavar proviene de un ilícito penal no es necesario ni que haya condena respecto de esa ilicitud previa, ni que se trate de delitos que no estén prescriptos (de hecho, la ley dice ahora “ilícito penal”, y no ya “delito”), ni, tampoco, que su existencia esté acreditada con todos los detalles, como si se tratase de un juicio cuyo objeto sea ese delito precedente (en este caso, el narcotráfico)”.
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