La docencia de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) irá a un paro de siete días consecutivos a partir de la próxima semana, en una nueva escalada del conflicto con el Gobierno nacional por los salarios y el presupuesto de las universidades públicas.
La medida fue definida por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, en coordinación con organizaciones sindicales del sector, y se desarrollará desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre inclusive.
El reclamo central es una actualización salarial del 32% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. A su vez, los gremios exigen que el Ejecutivo nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación reclaman tras su aprobación en el Congreso y las posteriores intervenciones judiciales.
Desde el sector docente también denuncian una deuda equivalente a cinco masas salariales, que atribuyen al incumplimiento de las obligaciones establecidas en esa normativa.
Un conflicto que escala en las universidades
La decisión de profundizar las medidas de fuerza en Rosario se tomó luego de que las organizaciones sindicales nacionales resolvieran sostener el plan de lucha, aunque sin avanzar por ahora hacia un paro por tiempo indeterminado.
En el ámbito nacional se definió una huelga para el 28 de octubre, fecha en la que la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el Presupuesto, y una nueva jornada de protesta cuando el proyecto sea debatido en el recinto.
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Sin embargo, la representación gremial de la UNR consideró que ese esquema no alcanza para responder a la situación del sector. A partir de los mandatos recogidos entre sus afiliados, resolvió extender el cese de actividades durante una semana completa.
La medida llega después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, en una jornada marcada por la movilización en defensa de la educación pública y las denuncias de represión en la Ciudad de Buenos Aires.
Con el paro de siete días, la docencia universitaria rosarina busca aumentar la presión sobre la Casa Rosada para obtener respuestas concretas a sus demandas salariales y presupuestarias. La continuidad del plan de lucha quedará sujeta a la evolución de las negociaciones y a las decisiones que adopten los gremios en las próximas semanas.
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