La Justicia de Rosario dictó 90 días de prisión preventiva efectiva para R.L., de 55 años, el portero del jardín Paulo Freyre acusado de cometer presuntos delitos contra la integridad sexual de niños que asistían a la institución educativa ubicada en barrio Empalme Graneros.
La medida fue resuelta este miércoles durante una audiencia imputativa realizada en la sala 3 del Centro de Justicia Penal, donde el juez Rafael Coria tuvo por formalizada la acusación presentada por la fiscal Antonela Valente, integrante de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual. Además, dispuso que la medida cautelar pueda prorrogarse automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar en caso de que la Fiscalía presente la acusación para elevar la causa a juicio antes de que se cumpla el plazo establecido.
Según la imputación, el acusado habría realizado acciones comprendidas dentro de los delitos contra la integridad sexual en perjuicio de tres niños menores de edad, hechos agravados por su condición de guarda y responsable del acceso al establecimiento educativo.
De acuerdo con la investigación, los episodios habrían ocurrido dentro de una institución de nivel inicial de Empalme Graneros, aprovechando el imputado su función como portero del lugar. La Fiscalía también le atribuye haber proferido amenazas a las víctimas para impedir que relataran lo sucedido.
Uno de los hechos imputados involucra a un niño de 4 años, mientras que otro corresponde a un menor de 5 años. Según la acusación, los episodios ocurrieron en reiteradas oportunidades y fueron revelados por las víctimas el pasado 10 de junio de 2026.
Tras la audiencia, la fiscal Antonela Valente explicó que el trabajo investigativo se desarrolló bajo un esquema especialmente diseñado para proteger a los menores involucrados.“Tuvimos en cuenta toda una logística donde los niños puedan hablar con las palabras que tienen, con el grado de desarrollo que tienen, en un espacio cuidado”*, sostuvo.
La funcionaria detalló que las entrevistas se realizaron en la Comisaría de la Mujer, con la participación de un equipo de psicólogas especializadas que trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público de la Acusación. “Los niños contaron con sus primeras palabras en sede de la Comisaría de la Mujer con un equipo de psicólogas especializadas”*, explicó.
Consultada sobre la consistencia de los relatos, Valente aseguró que los testimonios presentaron importantes coincidencias. “La realidad es que sí coincidían y sí nos dieron un montón de pautas. Aquí lo que se exige es el grado de probabilidad y eso estuvo complementado por todos los otros relatos que están en investigación”*, afirmó.
La fiscal indicó que, hasta el momento, R.L. es el único acusado en la causa, aunque aclaró que la investigación recién se encuentra en una etapa inicial. “Por el momento sí hay un solo imputado. Esta es una etapa inicial de la investigación y se continuarán tomando entrevistas y demás medidas probatorias para poder dilucidar si hay algún otro implicado o no y en qué carácter”*, señaló.
Respecto de la función que cumplía el acusado dentro del establecimiento, precisó: *”El rol de esta persona, y así figura en las planillas acompañadas por el Ministerio de Educación, es en el carácter de portero”*.
Asimismo, confirmó que durante la audiencia el imputado negó las acusaciones en su contra.
Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es que actualmente existen 11 denuncias adicionales relacionadas con hechos similares que habrían ocurrido dentro del mismo establecimiento educativo. Por ese motivo, la Fiscalía mantiene abiertas diversas medidas investigativas que permanecen bajo reserva para determinar si existen más víctimas o posibles responsabilidades de otras personas vinculadas a la institución.
En ese sentido, Valente explicó que los relatos incorporados al expediente permitieron reconstruir aspectos relevantes sobre el funcionamiento cotidiano del jardín y la relación que los niños tenían con el acusado. La fiscal también confirmó que el hombre no registra antecedentes penales, aunque sí existían reclamos previos realizados por familias ante la institución.
“No tenía antecedentes penales. Sí había, y así lo han mencionado los padres, reclamos administrativos previos o reclamos ante la institución por conductas del señor con respecto a los niños”*, indicó.
Aunque evitó brindar detalles específicos sobre las calificaciones legales atribuidas en esta instancia procesal, Valente informó que la escala penal prevista para los hechos investigados contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión efectiva en caso de que se comprueben las acusaciones. “Lo que puedo especificar únicamente es que la escala penal va desde los 3 a los 10 años de prisión efectiva”*, sostuvo.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con nuevas entrevistas y medidas probatorias para esclarecer lo ocurrido dentro del establecimiento educativo y determinar el alcance de las responsabilidades penales.
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