El gendarme argentino Nahuel Gallo denunció el 30 de abril de 2026 ante la Justicia federal haber sido víctima de torturas durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela, en el marco de una causa que investiga delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.
La presentación se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, ante el juez Sebastián Ramos, quien lleva adelante la investigación bajo el principio de jurisdicción universal. Durante una audiencia que se extendió por más de tres horas, Gallo declaró por primera vez en detalle sobre los tormentos que sufrió mientras estuvo detenido.
El gendarme había sido arrestado el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela y permaneció privado de su libertad hasta el 2 de marzo de 2026, en una detención que el Gobierno argentino calificó como arbitraria. Durante ese período, estuvo incomunicado, sin acceso a asistencia consular ni defensa legal.
Al radicar la denuncia, Gallo expresó públicamente: “El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”. Además, reconoció que dar este testimonio fue un paso difícil: “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024”.
También describió el impacto emocional de revivir los hechos: “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil”, aunque sostuvo que decidió avanzar para “exigir justicia””y visibilizar la situación de otros detenidos.
En su declaración, remarcó que su denuncia no es solo personal: “Lo hago por mi familia, por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio”. Además, advirtió que “mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando”.
El testimonio de Gallo se incorpora a una causa iniciada en 2023 que investiga presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Su declaración es considerada clave por la Justicia argentina para avanzar en la recolección de pruebas sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
El caso tuvo fuerte repercusión política y diplomática entre Argentina y Venezuela, y ahora abre una nueva etapa judicial en la que se buscará determinar responsabilidades por los hechos denunciados.
Comentarios