Generación Zoe, denunciada por estafas en varios rincones del país, también tenía una sede en Rosario. Y esta mañana se presentó a Tribunales la demanda de 15 presuntos estafados, que reclaman 20 millones de pesos a la firma de Leonardo Cositorto. RedBoing dialogó con Jorge Resegue, el abogado que representa a los damnificados, que indicó que los inversionistas afectados serían cien en total.
“Nos vinieron a ver al estudio la semana pasada 15 damnificados del grupo Zoe -dijo Resegue-. Yo no sabía que acá también estaban, ahí me enteré que en Rosario se habían instalado en septiembre de 2021. Tenían una sede en San Lorenzo al 1700. Alquilaban dos oficinas, donde daban primero clases de coaching y filosofía ontológica. Luego, al final de cada charla, se referían a la educación financiera y ahí propiciaban supuestas inversiones con retornos bastantes tentadores. Lo que hacían era generar un ámbito de confianza, para eso tenían una plataforma virtual, vía web, en la que cada persona ingresaba con una contraseña. Se ponía dinero y cada persona podía todos los días ver cómo iba evolucionando su inversión”.
Después de estar prófugo más de dos meses en República Dominicana, Cositorto volvió al país la semana pasada y se entregó la justicia. El próximo lunes declarará en Villa María, Córdoba, donde nació Generación Zoe. Pero además, reclaman por él en Goya, Corrientes, donde también dejó un tendal. Y ahora se suma una posible citación en Rosario.
El abogado Resegue le explicó a RedBoing cómo funcionaba la oferta de “negocios” a los que sumaron un centenar de personas en la ciudad, hoy damnificados. “Entre lo que ofrecían como actividades de la empresa, mostraban una mina de oro en San Juan, dos aviones que hacían el servicio de taxis aéreos, lotes en la localidad bonaerense de Pilar, hamburgueserías y locales de pet shop. Eran todas operaciones legítimas y como ellos decían ser buenos haciendo negocios, obtenían rentabilidad y la compartían con quienes participaban de la propuesta”.
Desde septiembre fueron sumando gente y presencia, pero a partir del 17 de febrero se borraron. “Dejaron de atender los teléfonos y hasta hoy, no se hicieron cargo de nada. Lo que hicimos ahora, fue pedir la intervención de la justicia de Rosario, porque ellos operaban acá. Ahora esperamos que asignen el fiscal y se vea cómo sigue la demanda”.
Comentarios