La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado por la Justicia como uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela, presentó una ofensiva judicial para intentar revertir su situación procesal.
Por un lado, apeló el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de 1.000 millones de pesos. Por otro, denunció ante la Justicia Federal que el detenido sufre “condiciones inhumanas de encierro” en el penal de Marcos Paz y reclamó que pueda mantener contacto con su familia en Perú.
La presentación fue realizada por su abogado, Lucas Contreras Alderete, quien interpuso un hábeas corpus cuestionando el régimen de aislamiento al que está sometido su defendido. Según la defensa, Valverde Victoriano permanece alojado en una celda individual, sin contacto con otras personas, en un esquema que considera equivalente a una situación de “tortura y violencia institucional”.
En el escrito presentado ante la Justicia, el letrado sostuvo: “Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor que conlleva implícita la pena de encierro”.
A partir de esa denuncia, el abogado solicitó la inmediata libertad de su defendido por considerar ilegal el régimen de detención. Como alternativa, pidió que sea trasladado a otra unidad penitenciaria o que se le permita realizar videollamadas con su madre y su hermana en Perú al menos dos veces por semana.
Además, la defensa avanzó con la apelación del procesamiento dictado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón.
Según el planteo presentado, la resolución judicial contiene una “imputación genérica y precaria”, ya que, a criterio de la defensa, no logra determinar cuál habría sido la participación específica de Valverde Victoriano en los hechos investigados.
El abogado cuestionó que el fallo lo describa como integrante de una organización criminal y le atribuya haber realizado “aportes esenciales” al plan que culminó con los asesinatos, sin precisar qué acciones concretas habría llevado adelante, cuándo ocurrieron ni cuáles son las pruebas objetivas que sostienen esa acusación.
Otro de los ejes del recurso apunta a la valoración de las pruebas incorporadas en la causa. La defensa argumentó que el procesamiento se apoya principalmente en testimonios que presentarían contradicciones y que, según sostiene, carecen de elementos externos suficientes para corroborar la responsabilidad del acusado.
En ese sentido, remarcó que no existirían registros materiales, comunicaciones u otras evidencias objetivas que permitan ubicar de forma concluyente a “Pequeño J” en el lugar de los hechos ni acreditar que participó en la planificación, el traslado, el cautiverio o el asesinato de las víctimas.
Por estos motivos, la defensa pidió que la Cámara Federal revoque el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo millonario que pesan sobre Valverde Victoriano.
“Pequeño J” está imputado por los delitos de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. La investigación lo señala como uno de los responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela.
Tras conocerse el crimen, Valverde Victoriano se fugó del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente fue capturado en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, en Perú, luego de una intensa búsqueda internacional coordinada entre distintas fuerzas de seguridad.
Mientras la causa avanza en la Justicia Federal, la defensa busca ahora cuestionar tanto las condiciones de detención como las pruebas que sustentan la acusación contra quien continúa siendo uno de los principales sospechosos del caso que conmocionó al país.
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