Cuando una estadística dice que en Argentina hubo 147 víctimas letales de violencia de género durante los primeros siete meses de 2026, detrás de esa cifra hay 147 historias interrumpidas, familias atravesadas por el dolor y comunidades que quedan intentando reconstruirse después de un asesinato. El dato surge del relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.
El informe registró 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios entre el 1 de enero y el 31 de julio. En promedio, equivale a una víctima letal cada 35 horas.
Pero quizás el dato más inquietante no sea solamente la cantidad de asesinatos, sino aquello que permite comprender cómo ocurren.
El 63,9% de los agresores eran parejas o exparejas y el 45,6% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima. Además, el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa. El relevamiento contabilizó también 234 intentos de femicidio y al menos 145 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.
No se trata, entonces, de una sucesión de episodios aislados. Los datos muestran un fenómeno que tiene patrones reconocibles.
La violencia no se toma vacaciones
Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol 2026, mientras millones de personas seguían los partidos y la agenda pública estaba concentrada en la competencia deportiva, el Observatorio registró 27 víctimas letales de violencia de género: 20 femicidios directos, cinco vinculados y dos instigaciones al suicidio.
El dato adquiere una dimensión todavía más fuerte cuando se observa lo ocurrido durante la final entre Argentina y España. Mientras el país estaba pendiente del partido, cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos puntos del territorio: Rocío Gómez, en Córdoba; Lara Carballo, en Rosario; Norma Tula, en Catamarca; y Sandra Bilau, en Misiones.
La violencia machista no se detuvo porque el país estuviera mirando otra cosa.
Y esa quizás sea una de las primeras claves para comprender el fenómeno: los femicidios no responden a la agenda mediática. No aumentan o disminuyen porque una sociedad esté pendiente de una elección, un Mundial, una crisis económica o una noticia determinada. La violencia continúa allí, muchas veces puertas adentro, en vínculos conocidos y en hogares donde debería existir protección.
Santa Fe: una cifra que obliga a mirar más cerca
La discusión adquiere una dimensión todavía más cercana en Santa Fe.
Organizaciones sociales, sindicales, feministas, comunitarias y políticas sostienen que, con el asesinato de Gabriela Banach y el reciente de Karina asesinada por su ex pareja en una farmacia, la provincia alcanzó 32 femicidios y travesticidios en lo que va de 2026, luego de sumar diez femicidios y tres travesticidios en apenas 13 días.
Se trata de un registro elaborado por organizaciones y, por lo tanto, debe leerse como tal. Pero incluso con las diferencias metodológicas que puedan existir entre distintos observatorios, el fenómeno que muestran los datos resulta difícil de ignorar.
En Rosario, el caso de Gabriela Banach volvió a poner la problemática en el centro de la escena. La mujer trans, de 47 años, fue encontrada asesinada en el barrio República de la Sexta. Por el crimen fue detenido un hombre señalado como principal sospechoso.
Su asesinato se produjo pocos días después del femicidio de Débora Bordón, de 31 años, asesinada en Rosario, y en un contexto que también estuvo marcado por el crimen de Lucrecia Zarmati, asistente escolar.
La sucesión de casos generó una movilización de organizaciones en la plaza San Martín, donde se instaló una consigna que resume buena parte de la discusión: “Estamos en emergencia por violencia de género”.
El problema no empieza cuando ocurre el femicidio
Una de las cuestiones centrales para comprender los femicidios es que la muerte suele ser el último eslabón de una cadena de violencias.
Amenazas, aislamiento, control económico, hostigamiento, agresiones físicas, violencia sexual y psicológica pueden formar parte de un proceso que se desarrolla durante meses o incluso años.
Por eso resulta especialmente significativo que el informe nacional indique que el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente qué ocurrió el día del asesinato.
También debería ser qué ocurrió antes.
Qué denuncias existieron. Qué medidas de protección se dictaron. Qué organismos intervinieron. Qué información estaba disponible. Qué seguimiento se hizo. Qué recursos tenía la persona que pidió ayuda.
El propio Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación advierte que la producción de estadísticas sobre femicidios es necesaria para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres.
¿Qué pasa cuando se desfinancia la prevención?
El debate también excede a la policía y a la Justicia.
Prevenir la violencia de género supone contar con equipos especializados, asistencia psicológica y social, refugios, líneas de atención, acompañamiento económico, capacitación, dispositivos de protección y políticas de educación y concientización.
Cuando esos mecanismos se debilitan, la respuesta del Estado corre el riesgo de llegar únicamente cuando la violencia ya se convirtió en una emergencia.
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advierte precisamente sobre un contexto de retroceso de políticas públicas de género y sostiene que el vaciamiento de programas y recursos tiene consecuencias concretas sobre las posibilidades de prevención y protección.
La discusión sobre el presupuesto, entonces, no es solamente una discusión administrativa.
Cuando se habla de recursos para prevenir la violencia de género se está hablando de capacidad estatal para detectar riesgos antes de que una persona termine asesinada.
El peligro de convertir la violencia en una sucesión de casos
Existe también otro riesgo: que los femicidios terminen naturalizándose.
Un asesinato ocupa durante algunas horas la agenda de los medios. Se informa quién fue la víctima, dónde ocurrió el crimen, quién fue detenido y qué dijo la Fiscalía. Después aparece otro caso y desplaza al anterior.
La acumulación puede producir un efecto paradójico: cuanto mayor es la cantidad de casos, más fácilmente cada uno puede convertirse en un episodio individual.
Pero los datos muestran otra cosa.
Si 64 de cada 100 agresores son parejas o exparejas, si casi la mitad de los crímenes ocurre en la vivienda de la víctima y si existen antecedentes de denuncias en una parte de los casos, hay patrones sociales que requieren ser comprendidos y abordados.
No alcanza, entonces, con contar femicidios.
Hay que preguntarse por qué ocurren, qué señales aparecieron antes, qué respuestas existieron y qué falló cuando una mujer o una persona de la diversidad pidió ayuda.
Santa Fe y Rosario frente a una pregunta incómoda
En Santa Fe, la discusión tiene además una particularidad: la provincia atraviesa una fuerte agenda de seguridad, con políticas orientadas a reducir homicidios y combatir el delito organizado.
Pero una política de seguridad integral también debería preguntarse cómo se protege a quienes están expuestas a violencias dentro de sus propios hogares y vínculos afectivos.
El femicidio tiene una particularidad que lo diferencia de otros homicidios: muchas veces el agresor no es un desconocido que aparece en una calle oscura. Es una persona que forma parte del entorno de la víctima.
Por eso la prevención requiere herramientas diferentes.
Requiere escuchar a quien denuncia. Evaluar correctamente el riesgo. Garantizar medidas de protección efectivas. Acompañar a las víctimas para que puedan salir de situaciones de violencia. Trabajar con quienes ejercen violencia. Capacitar a las instituciones. Y sostener esas políticas en el tiempo.
No son números
Hay una frase que aparece una y otra vez frente a estas estadísticas y que, lejos de ser una consigna, debería funcionar como punto de partida para cualquier política pública:
No son números. Son vidas.
Son madres, hijas, hermanas, amigas, trabajadoras. Son familias que pierden a una persona y, en muchos casos, niñas y niños que quedan sin su madre.
Son también mujeres trans y otras personas de las diversidades sexo-genéricas cuya violencia específica muchas veces queda invisibilizada dentro de las estadísticas generales.
Los 147 casos registrados en Argentina hasta julio y los 32 que organizaciones señalan para Santa Fe en lo que va del año, y al menos 13 en los 19 días de agosto, no permiten concluir por sí solos que exista una tendencia ascendente o descendente sin una serie estadística completa y metodologías comparables. Pero sí permiten afirmar algo más básico y urgente: la violencia letal por motivos de género continúa siendo un problema estructural.
Y frente a un problema estructural, las respuestas no pueden depender solamente de la indignación que provoca cada caso.
Necesitan prevención, presupuesto, instituciones capacitadas, información, seguimiento y políticas sostenidas.
Porque cuando la violencia ya terminó en un femicidio, el Estado llega tarde.
La pregunta que queda para la sociedad no es solamente cuántas mujeres fueron asesinadas este año.
La pregunta es cuántas pudieron haber sido protegidas antes.
Y esa es una pregunta que no debería desaparecer de la agenda cuando desaparece de las tapas de los diarios.
Rosario, otra vez: la violencia que no se detiene
Cuando todavía se intenta dimensionar la magnitud de los femicidios registrados durante 2026, Rosario volvió a quedar atravesada este miércoles por un brutal episodio de violencia de género.
Una mujer de 56 años fue atacada con un arma blanca dentro de una farmacia ubicada en inmediaciones de Dorrego y Zeballos, en pleno macrocentro de la ciudad. El presunto agresor, un hombre de unos 50 años señalado como su expareja, escapó del lugar y fue detenido minutos después por personal de la Brigada Motorizada en la zona de Colón al 2000.
De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre ingresó al comercio, llevó a la mujer hacia un sector del local y la hirió en el tórax. Las trabajadoras de la farmacia escucharon los gritos y asistieron a la víctima, que fue trasladada por una ambulancia del Sies.
El episodio ocurrió poco después de las 9.30, en un lugar donde había otras personas. Una testigo relató que vio al agresor ingresar a la farmacia y posteriormente escapar en un Citroën. La información aportada permitió orientar rápidamente el operativo que terminó con su detención.
El caso vuelve a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cuántas veces hay que contar una misma historia para que deje de ser considerada una sucesión de hechos aislados?
Una expareja. Una mujer atacada. Un lugar público. Gritos de auxilio. Testigos. Una fuga. Una detención.
La escena cambia, pero el patrón vuelve a aparecer.
Y por eso este caso no debería leerse solamente desde la crónica policial. También debe ser incorporado a la discusión sobre la violencia machista y sobre la capacidad del Estado para prevenirla antes de que llegue a su expresión más extrema.
La estadística permite comprender la dimensión del fenómeno. Pero cada nuevo caso recuerda algo que los números pueden terminar ocultando: detrás de cada cifra hubo una persona que pidió ayuda, que tuvo miedo, que intentó continuar con su vida o que simplemente estaba trabajando, haciendo compras o transitando por la ciudad.
En Rosario, este nuevo episodio vuelve a poner el problema frente a nuestros ojos.
Y obliga a insistir en una pregunta que debería atravesar cualquier política de seguridad: ¿qué estamos haciendo antes de que una mujer termine herida o asesinada?
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