La cifra de 147 femicidios registrados durante los primeros siete meses de 2026 ya quedó desactualizada. Foto: Farid Dumat Kelzi.
La aparición con vida de Micaela después de varias semanas de búsqueda generó alivio y esperanza. Su caso había puesto nuevamente en el centro de la escena la preocupación por la desaparición de mujeres en un contexto donde la violencia de género sigue dejando víctimas todos los días.
Sin embargo, pocas horas después, esa sensación de alivio volvió a transformarse en preocupación. Durante la madrugada del martes, un nuevo hecho conmocionó a Rosario: una mujer de 31 años fue encontrada asesinada en barrio Agote y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio.
La víctima presentaba una herida de arma blanca en el cuello y la investigación quedó a cargo de la fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.
Según los primeros datos, varios vecinos llamaron al 911 luego de escuchar una fuerte discusión entre la mujer y su pareja. De acuerdo con los testimonios recabados, después de la pelea se escuchó un pedido de auxilio que motivó la intervención policial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que como sociedad parece repetirse una y otra vez: ¿qué estamos haciendo mal?
Una cifra que crece y vuelve a interpelar
La cifra de 147 femicidios registrados durante los primeros siete meses de 2026 según datos del Observatorio “Ahora que si nos ven”, ya quedó desactualizada. Y apenas transcurrieron cuatro días de agosto.
Detrás de cada número hay una historia, una familia, hijos, padres, hermanos y una comunidad que vuelve a preguntarse por qué las alertas no alcanzaron y por qué tantas mujeres siguen siendo víctimas de una violencia que muchas veces comienza mucho antes del desenlace fatal.
El problema no aparece únicamente en los momentos extremos. Está presente en los vínculos, en las señales que muchas veces no son escuchadas y en una estructura social que todavía encuentra dificultades para prevenir estos hechos.
La violencia no se detiene por el contexto
Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol 2026, una etapa que para gran parte de la sociedad estuvo marcada por la celebración y el acompañamiento deportivo, también se registraron 27 víctimas letales de violencia de género: 20 femicidios directos, 5 femicidios vinculados y 2 instigaciones al suicidio.
El dato expone una realidad incómoda: la violencia contra las mujeres no desaparece cuando la atención pública está puesta en otros acontecimientos. Continúa atravesando todos los ámbitos de la vida cotidiana.
También ocurrió en situaciones donde las víctimas buscaban una oportunidad laboral, como el caso de Mailén en Mar del Plata, quien fue asesinada luego de asistir a una falsa entrevista de trabajo.
El agresor suele estar cerca
Uno de los datos más preocupantes surge al analizar el vínculo entre víctima y victimario.
Según los registros disponibles, el 64% de los agresores era pareja o expareja de la víctima. Es decir, en la mayoría de los casos la violencia aparece dentro de relaciones donde debería existir confianza, cuidado y protección.
Además, un 15% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra su agresor. Dentro de ese grupo, al menos un 9,5% contaba con una medida judicial vigente al momento del crimen.
Estos números vuelven a abrir otro debate: la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención, seguimiento y protección para aquellas mujeres que ya dieron una señal de alerta.
Un debate que no puede perder el foco
Mientras una parte de la discusión pública se concentra en las llamadas “falsas denuncias”, los datos muestran otra realidad: miles de mujeres atraviesan situaciones de violencia y muchas de ellas no llegan siquiera a pedir ayuda.
El rol del Estado: prevenir antes de lamentar
Frente a cada femicidio vuelve a aparecer una discusión inevitable: cuál debe ser el papel del Estado frente a una problemática que atraviesa a miles de mujeres y que, en muchos casos, termina con consecuencias irreversibles.
La prevención de la violencia de género no depende solamente de la respuesta judicial cuando el crimen ya ocurrió. También requiere políticas públicas sostenidas, equipos especializados, asistencia temprana y herramientas que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia antes de llegar al punto más extremo.
En los últimos años, la estructura institucional destinada a abordar estas problemáticas sufrió modificaciones profundas. A mediados de 2024, el gobierno de Javier Milei decidió cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, un organismo que había concentrado políticas nacionales vinculadas a la prevención y asistencia frente a la violencia de género. Sus funciones pasaron primero a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, dentro del Ministerio de Capital Humano, y posteriormente fueron trasladadas a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.
El cambio de estructura también se replicó en las provincias. Según distintos relevamientos, durante el primer año de la actual gestión nacional un porcentaje importante de organismos vinculados a género redujo su jerarquía institucional, mientras que disminuyeron los espacios específicos con rango ministerial dedicados a estas políticas.
Al mismo tiempo, organizaciones especializadas advierten sobre una fuerte reducción presupuestaria destinada a programas de prevención y asistencia. Entre ellos se encuentran dispositivos como el Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicosocial a mujeres y personas en situación de violencia, y la Línea 144, una herramienta histórica de atención y orientación para quienes necesitaban ayuda.
La discusión de fondo no pasa solamente por qué organismo debe administrar estas políticas, sino por una pregunta más profunda: qué lugar ocupa la violencia de género dentro de las prioridades del Estado.
Porque cuando una mujer denuncia, cuando una víctima pide ayuda o cuando una familia busca respuestas después de un femicidio, la presencia estatal no puede depender de una coyuntura política. La prevención, la asistencia y la protección deberían ser políticas permanentes.
Los números vuelven a mostrar que la violencia extrema contra las mujeres continúa siendo una emergencia. Y frente a esa realidad, el desafío no es solamente contar víctimas después del crimen, sino construir un sistema capaz de intervenir antes de que sea demasiado tarde.
El desafío como sociedad no es solamente reaccionar cuando ocurre un femicidio, sino construir herramientas para detectar antes, acompañar mejor y evitar que una situación de violencia termine en una muerte.
Porque detrás de cada víctima hay una pregunta que interpela a todos: qué hicimos, qué no hicimos y qué debemos cambiar para que la próxima noticia no tenga otro nombre de mujer.
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