El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad de Santa Fe, luego de detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Además, la Provincia resolvió dar de baja a la organización para la recepción de nuevos recursos estatales.
La medida fue adoptada tras una auditoría realizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que detectó inconsistencias entre las rendiciones presentadas por la entidad y los movimientos registrados en la tarjeta utilizada para financiar el funcionamiento de un comedor comunitario.
Según informó el Gobierno provincial, los fondos debían destinarse a la compra de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, los controles revelaron consumos en comercios que no tendrían relación con los objetivos del programa, entre ellos locales de comida rápida como McDonald’s, bares, restaurantes céntricos y kioscos.
Denuncia penal y baja del programa
A partir de las observaciones realizadas durante los controles administrativos, la Provincia decidió poner toda la información recopilada a disposición de la Justicia para que investigue si existió un uso indebido de los recursos públicos.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la Tarjeta Institucional solo puede ser fondeada por el Estado provincial y que todos los gastos realizados deben estar vinculados exclusivamente a la asistencia alimentaria de los beneficiarios.
“Los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan”, señalaron fuentes oficiales.
El antecedente de Luciano “Chano” Rossi
El Movimiento Mahatma Gandhi estuvo conducido hasta abril de 2024 por Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025.
La decisión se tomó luego de una investigación interna que determinó que Rossi había concurrido a trabajar solo 651 días sobre un total de 2.103 jornadas registradas, acumulando 1.452 ausencias.
Su ingreso a la empresa estatal se había producido en 2015 bajo el antiguo sistema de incorporación por vínculo familiar, una modalidad que fue eliminada por la actual gestión provincial y reemplazada por el ingreso mediante concursos públicos.
Las irregularidades detectadas
De acuerdo con los informes elaborados por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, las rendiciones de gastos presentadas por la organización no coincidían con los consumos efectivamente registrados en los resúmenes de la tarjeta.
Las compras observadas incluyen gastos en cadenas de comida rápida, restaurantes, bares y kioscos, consumos que, según la Provincia, no guardan relación con la finalidad alimentaria y comunitaria para la que fueron otorgados los fondos.
Ante esta situación, el Gobierno provincial resolvió suspender la asistencia económica a la institución y avanzar con una denuncia penal para determinar eventuales responsabilidades.
La investigación judicial deberá establecer ahora si existió un desvío de recursos públicos destinados a programas de asistencia social y alimentaria.
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