Foto: Farid Dumat Kelzi
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de proyectos de ley de seguridad que su gestión envió a la Legislatura y adelantó que impulsará nuevas iniciativas para ampliar las herramientas del Estado en la lucha contra el delito. Durante un acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios en la ciudad de Santa Fe, remarcó que, si bien los índices de violencia registraron una fuerte caída desde el inicio de su mandato, las organizaciones criminales todavía operan en la provincia.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó el mandatario al referirse a las propuestas. En la misma línea, anticipó que habrá nuevas iniciativas legislativas. “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”.
Ver esta publicación en Instagram
Frente a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas, Pullaro fue categórico. “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Para respaldar su postura, el gobernador comparó los registros de homicidios de los últimos años y destacó la reducción de los crímenes violentos. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”.
Sin embargo, advirtió que la mejora de los indicadores no implica que el problema esté resuelto. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, sostuvo, y aseguró que actualmente están “contenidas” por la intervención del Estado.
Las medidas que impulsa el Gobierno provincial
El paquete de proyectos contempla una serie de cambios en las herramientas de prevención, investigación y persecución penal. Entre las iniciativas se encuentra la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial cuando se compruebe la tenencia de armas u otros materiales controlados en la vía pública y existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio.
También se propone habilitar interrogatorios policiales a sospechosos y entrevistas de fiscales a personas vinculadas con una investigación antes de una imputación formal. A su vez, el esquema incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no se presenten pese a haber sido notificados.
Otras medidas incluyen la aplicación de decretos penales en casos de delitos con penas leves y pruebas contundentes, la creación de zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad y la demolición de búnkeres de venta de drogas por orden fiscal en circunstancias excepcionales.
El proyecto también prevé ampliar las facultades de inteligencia y el programa de recompensas, dentro de una estrategia que el Ejecutivo presenta como una continuidad de su política de seguridad.
En paralelo, Pullaro defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en particular las destinadas a alojar presos de alto perfil. El gobernador recordó que, antes de su llegada al Ejecutivo, algunos detenidos podían continuar impartiendo órdenes desde las cárceles para organizar homicidios, extorsiones y robos.
En ese contexto, destacó el desempeño de las fuerzas de seguridad y del personal penitenciario. “esos hombres y mujeres que conforman nuestro personal penitenciario y policial, que le trajeron paz y orden a la provincia”, afirmó.
Pullaro cuestionó las críticas y apuntó contra el garantismo
El gobernador también respondió a las objeciones planteadas desde sectores vinculados con el derecho penal. Según sostuvo, los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las iniciativas provienen principalmente de abogados defensores y penalistas, a quienes vinculó con intereses relacionados con la defensa de narcotraficantes, sicarios y otros delincuentes.
En su discurso, volvió a cuestionar determinadas interpretaciones judiciales y resumió su postura con una frase que reiteró durante el acto. “Ese es el garantismo bobo que no queremos que vuelva”.
No obstante, aclaró que su planteo no supone desconocer los derechos establecidos por la Constitución. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”.
Como antecedente, recordó los habeas corpus que enfrentó cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad y que buscaban limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.
La discusión por las leyes de seguridad se vincula, además, con la agenda de cambios en el Poder Judicial santafesino. Pullaro defendió la renovación de la Corte Suprema provincial y destacó que el diálogo institucional permitió proponer seis nuevos integrantes. También planteó la necesidad de modernizar el funcionamiento de la Justicia y mejorar el uso de los recursos públicos.
Al finalizar, el mandatario volvió a poner el foco en el trabajo de policías y agentes penitenciarios y mencionó la recuperación de los espectáculos masivos y de los espacios públicos como señales de una mejora en la convivencia social.
Pese a los resultados que destacó, Pullaro insistió en que la política de seguridad todavía enfrenta desafíos. “No hemos terminado con las organizaciones criminales”, concluyó.
Comentarios