La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que había declarado extinguida la acción penal contra un sargento primero del Ejército Argentino investigado por el presunto abuso sexual de una soldado voluntaria que ocurrió en 2017 dentro del Regimiento de Infantería N°4 de Monte Caseros, provincia de Corrientes.
Con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, el máximo tribunal penal del país anuló el sobreseimiento dictado en febrero pasado y dispuso que el expediente continúe su curso, al considerar que todavía no se encuentra vulnerada la garantía constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable.
La resolución respaldó el planteo formulado por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general coordinador del Distrito Corrientes, Carlos Schaefer, la fiscal general Tamara Pourcel y el fiscal ante Casación Mario Alberto Villar, quienes cuestionaron la decisión de la Cámara correntina por entender que había realizado una aplicación automática del concepto de plazo razonable sin analizar las particularidades del caso.
Una denuncia por abuso dentro de un regimiento militar
La investigación se inició el 14 de agosto de 2017, cuando el padre de una soldado voluntaria denunció ante la justicia provincial que su hija había sido víctima de abuso sexual por parte de un sargento primero del Ejército Argentino el 5 de julio de ese mismo año, mientras ambos cumplían funciones en la Compañía Comando y Servicios del Regimiento de Infantería Nº4 de Monte Caseros.
Debido a que el hecho involucraba a un integrante de una fuerza federal, la justicia provincial se declaró incompetente y remitió el expediente al Juzgado Federal de Paso de los Libres. Posteriormente, la víctima formalizó personalmente la denuncia ante la fiscalía federal, que comenzó a impulsar distintas medidas de prueba y, en octubre de 2018, solicitó la declaración indagatoria del acusado.
Sin embargo, la investigación sufrió numerosas demoras. Según consta en el expediente, el pedido de indagatoria fue reiterado en varias oportunidades sin respuesta judicial y recién pudo concretarse en septiembre de 2020.
La causa permaneció prácticamente paralizada durante varios años en el Juzgado Federal de Paso de los Libres hasta que, en abril de 2024, se detectó que el expediente había quedado traspapelado. A partir de entonces se retomaron las actuaciones y en diciembre de ese mismo año el magistrado procesó al militar por el delito de abuso sexual simple.
El debate sobre el “plazo razonable”
Posteriormente de que la fiscalía solicitara la elevación a juicio del caso en octubre de 2025, la defensa del imputado pidió su sobreseimiento al sostener que la acción penal había quedado extinguida debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación.
El planteo fue rechazado inicialmente por el juez federal, pero posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar al recurso defensivo, declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento del acusado. Sumado a esto, dispuso remitir antecedentes a la Procuración General de la Nación para evaluar posibles responsabilidades vinculadas con demoras en el trámite de la causa.
Esa decisión fue apelada por la fiscalía, que sostuvo que el tribunal había ignorado factores esenciales para evaluar el supuesto vencimiento del plazo razonable, entre ellos la naturaleza del delito investigado, el contexto institucional en el que ocurrió y las demoras atribuibles al funcionamiento del órgano jurisdiccional.
Los fiscales también señalaron que la Cámara había omitido valorar que el acusado es un funcionario público y que el hecho denunciado se habría producido en el ámbito de una institución militar y en un contexto de violencia de género.
Casación ordenó seguir con el juicio
Al analizar el expediente, la Sala II de Casación concluyó que la resolución dictada por la Cámara de Corrientes carecía de un examen integral de las circunstancias del caso y que no cumplía con los estándares exigidos para ser considerada una decisión judicial válida.
En su voto, el juez Guillermo Yacobucci sostuvo que no puede afirmarse que la garantía del plazo razonable haya sido vulnerada y remarcó que los derechos del imputado deben armonizarse con los derechos de las víctimas reconocidos por la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
Asimismo, destacó que la investigación involucra una denuncia por un delito contra la integridad sexual presuntamente cometido por un integrante del Ejército sobre una mujer de menor rango, dentro de una dependencia militar, lo que obliga a incorporar una perspectiva de género en el análisis del caso.
Por su parte, la jueza Ángela Ledesma cuestionó que la Cámara correntina hubiera analizado únicamente la duración del proceso sin contemplar el contexto específico de la investigación ni los derechos de la denunciante.
También observó que la víctima no fue notificada del trámite, pese a que la legislación vigente garantiza su participación e intervención en las distintas etapas del proceso penal.
Con esta decisión, la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para que continúe con la tramitación de la causa “con la celeridad que el caso impone”, manteniendo vigente la acción penal contra el sargento primero del Ejército investigado por el presunto abuso sexual.
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