Los perros y la fauna silvestre autóctona son las principales víctimas del maltrato animal, delito que es reprimido por una ley nacional vigente desde hace 67 años, a la que los grupos conservacionistas consideran insuficiente para abordar el problema ya que no contempla a los animales como sujetos de derecho.
En el momento de su sanción en 1954, esa ley marcó un precedente en toda América Latina y en su articulado estableció distintas situaciones en las que un humano incurre en el delito de maltrato o abuso hacia un animal, por ejemplo, cuando no se lo alimenta adecuadamente o en aquellas ocasiones en las que se los estimula con drogas sin fines terapéuticos.
La norma no prohíbe el uso de animales para trabajar pero en su artículo 2 nombra como un delito el hacer trabajar durante muchas horas y sin descanso a un animal, o cuando no está en condiciones y es obligado a hacerlo. Un reciente fallo de la justicia tucumana condenó en los primeros días de septiembre a un hombre a la pena de ocho meses de prisión por matar al perro de una vecina, al que roció con nafta y luego prendió fuego.
En 1954 se dictó la ley 14.346, que es la que está en vigencia, y reprime con penas de 15 días a 1 año de prisión a quien maltrate animales o haga víctimas de actos de crueldad, esa es la pena máxima que hay hoy en día.
El de fauna silvestre es el cuarto comercio ilegal mundial después de los delitos relacionados a la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de personas, en tanto que en el caso específico de Argentina, existen más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos afectados por el tráfico ilegal, según reseñó la organización conservacionista Aves Argentinas.
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