La presión de los mercados internacionales sobre la deuda argentina sumó un nuevo capítulo este lunes. Un grupo de bonistas que participaron de los canjes de 2005 y 2010 instó al Gobierno Nacional a cumplir con la sentencia firme en Londres por la causa “Cupón PBI”, la cual asciende a unos US$ 1.800 millones.
El reclamo surge a partir de la condena —inapelable desde octubre de 2024— por la manipulación de las estadísticas del Indec durante el kirchnerismo. Aunque el país ya abonó US$ 300 millones como garantía, la Corte Suprema británica ratificó el fallo de primera instancia, dejando la deuda en etapa de ejecución.
Audiencia clave y riesgo de embargos
La asociación Exchange Bondholder Group, que representa a grandes fondos como HBK Investments y Monarch, emitió un comunicado en el que, si bien felicita al presidente Javier Milei por avanzar en el cierre de los reclamos del default de 2001 (casos Bainbridge y Attestor), advierte que es momento de resolver el frente londinense.
Este martes 21 de abril se realizará una audiencia crucial en la Corte de Londres. En la previa, la justicia ordenó al banco Lloyds restringir los pagos de cuentas pertenecientes a la República Argentina. Desde la Procuración del Tesoro, dirigida por Rodolfo Barra, adelantaron que solicitarán la anulación de esta orden, argumentando que no existen activos embargables del país en el Reino Unido, más allá de bienes diplomáticos protegidos.
Quiénes reclaman
El grupo demandante está integrado por inversores que poseen cerca de US$ 4.000 millones en bonos soberanos. Estos tenedores destacan que, a diferencia de los “holdouts” o fondos buitre tradicionales, ellos aceptaron voluntariamente las quitas de 2005 y 2010 para ayudar a la recuperación del país, pero exigen que se respete el contrato de los cupones ligados al crecimiento económico que fueron afectados por el cambio en la metodología de medición del PBI.
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