En audiencia que comenzó este lunes, se imputa a Mariano Ríos Artacho, el ex fiscal rosarino al que detuvieron la semana pasada en su casa en Fisherton, en el marco de una investigación de la que fue objeto junto a otras ocho personas por delitos cometidos cuando era funcionario. Con la evidencia presentada, se le asignó a Artacho el rol de jefe de la asociación ilícita a la que se acusa de haberse quedado con más de 400 millones de pesos, durante al menos siete años con dinero del Depósito Judicial del MPA de Rosario.
Los ilícitos se cometieron cuando el imputado era funcionario público. Y de acuerdo a la imputación, el entonces fiscal había montado una especie de financiera que se hacía ilegalmente de fondos públicos para hacer compra de títulos, cambio de cheques o directamente retirar el efectivo. Además, tenían prestanombres y varios integrantes. Todo hecho con la firma de Ríos Artacho como funcionario que firmaba los oficios que autorizaban cobros y movimientos de dinero.
El ex fiscal está presente en la audiencia -que comenzó poco antes de las 9 de la mañana en la sala 7 del Centro de Justicia Penal-, visiblemente contrariado y vestido con un buzo gris con capucha. En su explicación, Spelta mostró que Ríos Artacho tuvo más de veinte salidas del país junto a integrantes de la asociación ilícita, en viajes frecuentes a Brasil y Uruguay.
Antes de ser detenido en la última semana, Ríos Artacho ya había ocupado varias veces las primeras planas en las noticias judiciales con títulos en los que lo tuvieron como protagonista de hechos polémicos: mientras se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Delitos Económicos en el MPA de Rosario, le había otorgado a Alvaro Rosales, comisario amigo suyo, un Mercedes Benz secuestrado durante un allanamiento a un financista en una causa en 2022 a cargo suyo. Ese vehículo apareció de forma sorpresiva en la casa de Rosales cuando fue allanado a su vez en el marco de otra investigación, que lo tenía como responsable de un caso de abuso sexual contra una alumna de la Escuela de Cadetes de Policía.
Además, a Artacho se le había abierto un trámite disciplinario y una causa penal por lesiones leves en 2024, cuando se peleó con un apostador en el Casino City Center de Rosario. Durante la discusión, el funcionario amenazaba a su oponente con “hacerlo detener” valiéndose de su trabajo como fiscal. Cuando por este y otros dos hechos que complicaban su continuidad en el MPA llegaron a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, presentó su renuncia.
Una de las causas se inició con $1.230 pesos que tenían dos ladrones
Tras el primer cuarto intermedio, Spelta leyó el detalle del primero de los hechos que se detectó: se trató de una entradera en San Juan al 400, en el centro de Rosario, que terminó con dos detenidos que habían robado con armas en un domicilio. Ríos Artacho era el fiscal que actuó en Flagrancia. A los ladrones se les encuentra, cuando caen, $1.230 en los bolsillos. Ese dinero va a parar a una cuenta judicial que se abre especialmente en el Banco Municipal, a nombre del MPA.
Tres meses más tarde, cuando vencía el plazo de la prisión preventiva, el entonces fiscal acuerda con la defensa de los delincuentes que paguen $80 mil en concepto de garantía, que van a parar a la misma cuenta. Ese mismo día, Ríos Artacho libra un oficio, dirigido al gerente del Banco Municipal en el que le indica que transfiera a Julio Héctor Mercado -alguien de confianza del fiscal e integrante de la asociación ilícita- la suma de $81.230, de la cuenta judicial que se había abierto por los $1.230 hacia una cuenta particular.
Para los investigadores, la calificación primaria en este primer delito es de peculado, fraude a la administración pública y falsificación de documentos públicos. El propio Spelta planteó en el inicio de la audiencia que la investigación encontró hasta el momento unas cien causas en las que Artacho actuó de manera similar.
La jueza en la audiencia es Trinidad Cabrera. El caso está a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani. Cabe recordar que actuó en este caso la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios, cuya creación decidió la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich.
La maniobra se habría repetido durante siete años
“Detectamos que durante siete años, el fiscal era el jefe de una asociación ilícita que disponía de fondos que estaban inmovilizados en cuentas judiciales. En la mayoría de los casos era dinero de fianzas que acordaba Ríos Artacho cuando era fiscal. Era él quien otorgaba la fianza, también él quien daba el permiso para retiro del dinero en la sucursal del Banco Municipal en Rosario a otros integrantes de la organización. Fue importante el rol de Emilio Barcaccia, abogado y en ese entonces cuñado de Ríos Artacho. Le tocaba cubrir los saldos de dinero, para ocultar los faltantes”, indicó el fiscal Spelta en la apertura de la audiencia.
“El 2 de julio de 204, al día siguiente que se produce la renuncia de Ríos Artacho se produce un ingreso de dinero de 32 mil dólares, que por única vez hace Mercado. Antes a ese rol lo había cumplido Barcaccia, familiar de Ríos Artacho. Hubo casos de morigeración de una prisión preventiva, que el propio Ríos Artacho acordaba de palabra con la defensa de algún investigado en causa a su cargo y que allegados a los imputados pagaban en concepto de ´fianza´, que cobraba directamente la organización”, amplió el fiscal.
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