La Legislatura de Santa Fe resolvió este jueves destituir al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, luego de completar un proceso disciplinario que se extendió durante varios meses. La remoción fue aprobada en una sesión conjunta de las dos cámaras y tuvo como fundamento el mal desempeño de sus funciones.
El expediente que terminó con la salida del funcionario se había iniciado a partir de una investigación por una presunta simulación del robo de dos neumáticos de su vehículo. De acuerdo con la acusación, Rodríguez y Barros habría denunciado el supuesto hecho con el objetivo de obtener la reposición de las cubiertas por parte de una compañía aseguradora.
La situación comenzó a generar sospechas luego de que el propio MPA realizara una consulta ante la aseguradora. La respuesta de la empresa fue incorporada a las actuaciones y señaló la existencia de elementos que podían indicar una irregularidad. El auditor del organismo, Leandro Mai, intervino posteriormente en el caso y remitió las actuaciones a la Legislatura.
El expediente sumó denuncias de trabajadores
Con el avance de la investigación aparecieron además denuncias de trabajadores de la Fiscalía de San Jorge por presuntos malos tratos atribuidos al funcionario. Esas presentaciones fueron incorporadas al proceso disciplinario y analizadas junto con el episodio relacionado con los neumáticos.
La Comisión Bicameral de Acuerdos avanzó durante las últimas semanas con la investigación, tomó declaración a los testigos convocados y permitió que Rodríguez y Barros ejerciera su derecho de defensa antes de elevar el expediente para su resolución definitiva.
El fiscal permanecía suspendido preventivamente mientras se desarrollaba el procedimiento. Esa medida contemplaba una reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingresar a dependencias del MPA.
Fiscales y funcionarios del MPA juraron la nueva Constitución Provincial
Qué planteó la defensa
Durante el proceso, la defensa del fiscal cuestionó el mecanismo utilizado por la Legislatura y presentó un recurso de amparo para intentar frenar el trámite. El argumento central fue que su situación debía ser analizada bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento contemplado en la Constitución provincial, al considerar que ese esquema otorgaba mayores garantías en materia de defensa, debido proceso y oralidad.
Desde la Comisión Bicameral, en cambio, sostuvieron que ese nuevo régimen todavía no se encontraba operativo porque requiere de la legislación correspondiente para su implementación. Por ese motivo, consideraron aplicable el procedimiento disciplinario vigente.
La votación que terminó con la destitución
Con las etapas de investigación, recepción de testimonios y defensa ya cumplidas, el expediente llegó este jueves al recinto en una sesión conjunta de ambas cámaras.
La Comisión de Acuerdos había emitido un dictamen favorable a la destitución por unanimidad, además de establecer una inhabilitación para que Rodríguez y Barros pueda volver a ingresar al MPA durante diez años. El dictamen fue finalmente aprobado por los legisladores, aunque se registraron abstenciones de los diputados Palo Oliver, Balagué, Del Frade y Cattalini.
De esta manera, Rodríguez y Barros perdió su cargo como fiscal adjunto del MPA y quedó inhabilitado por una década para regresar al organismo. La decisión legislativa se adoptó por mal desempeño y se produjo luego de un proceso que comenzó con la investigación por la presunta simulación del robo de neumáticos y que posteriormente incorporó las denuncias por malos tratos dentro de la fiscalía de San Jorge.
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