Cada senador santafesino dispone de ciento diez mil pesos por día para otorgar como subsidio en forma discrecional. Son $3.316.308 mensuales per cápita, que pueden repartir los 19 integrantes de la Cámara Alta por un mecanismo que oficialmente se llama “Ayuda Social a Personas” y que en 2022 tiene $795.914.000 de presupuesto, una cifra que crece cada año a ritmo exponencial y sin control ciudadano sobre el destino de los recursos.
Además, según datos de la propia Legislatura citados por el periodista Juani Citroni, los subsidios que reparten los senadores provinciales crecieron entre enero de 2013 a diciembre de 2020 a una velocidad mucho más rápida que la ya veloz inflación oficial. En esos ochos años, los precios en la Argentina según datos del INDEC subieron un 750 por ciento. Y al mismo tiempo, los fondos que manejan de forma discrecional la Cámara Alta santafesina se elevaron un 3.500 por ciento.
Fondos sin transparencia
Vale la pena recordar que cuando se quiso tener el detalle sobre los fondos, el Senado se negó a dar información. Con la sospecha de que había fundaciones que recibían fondos que estaban constituidas por la familia o los empleados de los senadores, en 2017 el entonces concejal rosarino Jorge Boasso inició una denuncia penal sobre el tema: apuntó a Armando Traferri (PJ. Departamento San Lorenzo), Rubén Pirola (PJ – Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo), José Baucero (PJ-San Javier) y quien era en esa época vicegobernador, el radical Jorge Henn.
“Pretender que nuestra Cámara deba exhibir ante el Poder Judicial las penurias que atraviesan las personas que solicitan un subsidio, sería una lisa y llana intromisión de un poder estatal sobre otro. No puede judicializarse aquello que no tiene requisitos objetivos que cumplir, ya que no hay un itinerario constitucional a controlar”, contestó esa vez mediante un escrito la Cámara Alta provincial ante la solicitud judicial.
En ese momento, también se solicitó la información al Tribunal de Cuentas Provincial, que respondió que no tenía los datos porque la Legislatura se encontraba “fuera de su ámbito de aplicación”. ¿Y quién era el titular del organismo que tiraba la pelota afuera? Oscar Biagioni, que antes de presidir el TCP había sido el asesor principal de Traferri en el Senado. “A esos subsidios no los controla nadie, nunca vi algo igual. Y la política mira para otro lado”, dice ahora el denunciante en diálogo con Red Boing.
La investigación judicial en Rosario que involucrab a Traferri fue cerrada más tarde por el fiscal regional Gustavo Ponce Asahad por pedido de su jefe Patricio Serjal, ambos destituidos en 2020 tras encontrarse evidencia de que habían cobrado “por izquierda” para pasar información a un capitalista del juego ilegal, investigación que también detectó vínculos con Traferri y un presunto cobro de coimas del legislador sanlorencino. Tras la salida de Serjal, quien lo reemplazó fue la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren, que ordenó desarchivar la causa de los subsidios.
En diálogo con Red Boing, Iribarren señaló: “Esa causa que implicaba a distintos senadores se había separado y remitido a diferentes partes de la provincia. Yo decidí reabrir lo que es referente a la denuncia contra Traferri, que era la que se tramitaba en Rosario y se había archivado. Está asignada ahora a los fiscales Moreno y Narvaja”
En el caso de la investigación que se llevaba adelante en Santa Fe, por los senadores del norte provincial, quien decidió cerrarla fue el fiscal regional de esa zona, Carlos Arietti.
Después del escándalo que significó la denuncia, todo lo que se conoce públicamente sobre los subsidios es una pestaña en la web del Senado, que informa varios meses después el nombre de la fundación u organismo a los que cada legislador le dio un beneficio, sin aportar cantidades ni objetivo de tal ayuda.
Lo que sobra en un lado, falta en otros
Al no existir información precisa sobre el destino de los subsidios, es imposible medir el impacto social de la denominada “ayuda social” de los 19 senadores. Pero el dato contrasta fuertemente con la limitación económica de otros organismos, o la que viene denunciando el propio Ministerio Público de la Acusación, que tiene por todo concepto menos de 400 millones de pesos para todo el año. Mientras tanto, la cantidad de investigaciones contra las bandas criminales en la provincia creció exponencialmente y la complejidad de las causas que llevan adelante los fiscales, también.
“Cuando hacemos un allanamiento, parte importante de las pesquisas para llegar a entender cómo funciona una organización delictiva es el análisis de los celulares. Podemos comparar ese presupuesto del que dispone cada senador con los que le cuesta al MPA abrir un teléfono: al no tener nosotros la tecnología necesaria, tenemos que contratar el trabajo en Brasil o Estados Unidos. Nos sale unos 10 mil dólares pescar la información de cada aparato, unos 2 millones de pesos”, señala Matías Edery a Red Boing.
El fiscal Edery integra la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA. Junto a Luis Schiappa Pietra vienen de llevar adelante la causa Alvarado, que llevó tres años de trabajo. Entre otras cosas, tuvieron que mandar a Nueva York el IPhone que le secuestraron a Esteban Alvarado cuando éste fue secuestrado. El acusado alcanzó a tirar su teléfono al agua, al ser encontrado por las fuerzas de las TOE en un camping en la localidad cordobesa de Río Tercero. Las conversaciones que había mantenido por Telegram en los días anteriores a su caída fueron determinantes a la hora de encontrar su vinculación con dos homicidios que habían ocurrido pocos días antes.
“No sólo abrir un teléfono, como en ese caso de Alvarado y otros que tenemos también resonantes. Pienso en que podríamos también contratar especialistas en informática, rastreo satelital y otras personas para tareas específicas que necesitamos, también hacer el seguimiento de un teléfono en tiempo real o interevenir llamadas de Telegram o WhatsApp de una persona que está siendo investigada. Todo esa tecnología cuesta plata y permitiría avanzar más rápido con investigaciones clave”, agrega Edery.
Las investigaciones y sus requerimientos
Para tener dimensión del trabajo del MPA y las acciones que necesitan hacer cuando investigan, puede volverse a la citada causa del juego ilegal citada más arriba: se inició en 2020 con el asesinato de un apostador en el casino de Rosario y pudo avanzar cuando un desconocido encontró un teléfono destruido, a pocos metros de donde habían detenido al que disparó contra el City Center, en la esquina de Pellegrini y Mitre que era donde el tirador se había escondido.
Al abrir ese celular, se llegó a reconstruir cómo se había armado el atentado y a la relación con Los Monos, que extorsionaban al City Center y a un capitalista del juego ilegal en la provincia, Leonardo Peiti, que se entregaría a la justicia para terminar confesando que era parte de una red con policías, con dos fiscales que cobraban coima para pasar información (Ponce Asahad y Serjal) y un senador provincial: y aquí apareció mencionado, otra vez, Armando Traferri.
Peiti admitió ante la Justicia que le había pagado coimas al histórico dirigente sanlorencino del PJ. Y la manera de confirmar las reuniones que ambos habían mantenido en Rosario fue el análisis del impacto de antenas de sus celulares. Todo requirió de una intensa investigación, que necesita presupuesto.
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