El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso la intervención judicial por 90 días de VTX (Vorterix) Rosario SA, en el marco de una investigación por lavado de activos de origen ilícito que tiene como principal imputado a Brian Walter Bilbao, quien fue accionista de la empresa y permanece detenido desde fines de 2025 por una causa vinculada al narcotráfico.
La medida cautelar fue ordenada esta semana por el juez federal Carlos Vera Barros, a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El objetivo es resguardar los bienes de la compañía mientras continúa la investigación sobre las presuntas maniobras de lavado.
En la causa intervienen PROCELAC, a cargo del fiscal federal Diego Velasco; el titular de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina; y PROCUNAR NEA, a cargo del fiscal Matías Scilabra, con participación del fiscal coadyuvante Santiago Alberdi.
Bilbao fue detenido en noviembre de 2025 cuando transportaba 956 kilos de cocaína en una camioneta. Posteriormente, PROCELAC y PROCUNAR lo imputaron como presunto integrante de una organización narcocriminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes mediante el uso de avionetas provenientes de países limítrofes.
Antes de su detención, el imputado había permanecido prófugo durante más de dos años en el marco de la investigación por lavado de activos. A partir de su captura, PROCELAC profundizó la pesquisa y sostuvo que los principales investigados habrían administrado VTX Rosario SA “a través de interpósitas personas” o testaferros.
La resolución judicial destacó la necesidad de preservar los bienes vinculados con la investigación ante el riesgo de que pudieran ser desviados o perder valor durante el proceso.
Según la imputación, Bilbao habría administrado VTX Rosario SA desde al menos el 29 de octubre de 2018, luego de adquirir parte de las acciones mediante una mujer y su hija, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían actuado como testaferros.
La pesquisa también incorporó escuchas telefónicas en las que uno de los imputados habría mencionado la participación de Bilbao en cuestiones relacionadas con el Teatro Vorterix, administrado por la misma compañía.
En ese sentido, los investigadores determinaron que Bilbao habría puesto a disposición de VTX Rosario SA un vehículo propio para trasladar artistas desde diciembre de 2020.
Además, se estableció que uno de los imputados se desempeñaba como socio gerente de los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata y mantenía una relación estrecha con Bilbao. Según la investigación, ambos compartían cenas y participaban de eventos vinculados con artistas.
La fiscalía también señaló que, al consultar el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, no aparecía como integrante de VTX Rosario SA ninguno de los imputados que, según la hipótesis investigativa, administraría la sociedad en los hechos.
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Además de disponer la intervención, el juez Carlos Vera Barros designó un síndico administrador, que actuará como oficial de justicia y tendrá facultades de veeduría sobre la compañía.
Entre sus obligaciones estará realizar un inventario detallado de los activos, informar mensualmente sobre los ingresos, egresos y resultados económicos y comunicar cuál será el destino de los fondos.
También deberá reportar los principales problemas que puedan afectar los bienes de la sociedad, informar sobre cualquier hecho que pueda influir negativamente en su conservación y comunicar toda circunstancia que considere relevante para la causa.
El magistrado fundamentó la intervención en la necesidad de proteger los activos investigados y evitar que puedan ser desviados o sufrir una pérdida de valor. En ese sentido, sostuvo que la medida “encuentra asidero en la necesidad de sustraer los bienes objeto de investigación a un proceso de posible redireccionamiento, y hasta de una consecuente pérdida”.
Como parte de sus funciones, el síndico deberá recaudar el producido de la sociedad y depositarlo en una cuenta a plazo fijo a nombre de la causa. También tendrá que garantizar la conservación de los bienes para evitar que pierdan su valor económico mientras continúa la investigación penal.
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