Desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresaron su posicionamiento respecto al apartado al Régimen Integral a las Grandes Inversiones (RIGI) estipulado en la Ley Bases y presentaron una serie de propuesta en relación a este punto.
En este sentido, desde la entidad industrial indicaron que están a favor de la creación de mecanismos para atraer inversiones, pero a su vez agregaron que también les interesa que las mismas tengan un impacto positivo en los encadenamientos locales y que apuntalen las capacidades productivas del país.
Para ello consideraron que el incentivo debe tener como objetivo: “El Plan de Inversiones requerido por la autoridad de aplicación debería considerar parámetros sobre objetivos deseables como la localización de proyectos en áreas de menor desarrollo relativo; la compra de bienes de capital e insumos nacionales que motive el desarrollo de proveedores; el aumento progresivo de las exportaciones; y la generación de empleo directo e indirecto.
Por otro lado, agregaron que el proyecto plantea múltiples ventajas tributarias. Esto coloca a las empresas pre existentes en situación de desventaja. Ante esto, indicaron que su propuesta es que el beneficio de “arancel 0″ se circunscriba a aquellos insumos y equipos nuevos sin producción nacional y que las demás exenciones sean aplicables únicamente a la etapa de inversión, y no a todo el período de operación.
Otro de los puntos planteados es el referido al denominado compre nacional, con relación a esta cuestión el artículo 191 plantea que los proyectos adheridos al RIGI “podrán importar y exportar sin ningún tipo de requerimiento”. Bajo este paradigma el RIGI no generará capacidades productivas, no repercutirá en mayor empleo ni promoverá la mejora tecnológica. En el mundo, los regímenes de incentivos incluyen la participación de la industria nacional. Proponemos como requisito para adherir la compra de bienes nacionales por un monto igual o superior al 25% del valor total de los bienes nuevos importados.
Con respecto a los beneficios para aquellos capitales que quieran invertir, desde FISFE plantearon que el período sea de 10 años y no 30, con posibilidades de prorrogarlo mediante un análisis de impacto del proyecto, aplicable a inversiones adicionales.
Por último, solicitaron una Ley PYME que contemple la exención del Impuesto a las Ganancias de las utilidades líquidas reinvertidas, la amortización acelerada de inversiones productivas, la eliminación de retenciones para las exportaciones incrementales, entre otros aspectos.
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