Manuel Adorni recibió este viernes su primer respiro en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas ordenó el archivo definitivo de la causa que investigaba el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, a los Estados Unidos en el avión presidencial durante el pasado mes de marzo.
La resolución se alineó con el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien concluyó que la presencia de Angeletti, esposa de Adorni, en el avión presidencial, no configuró un delito penal. La clave del fallo radica en la inexistencia de un “daño patrimonial” para el Estado: el avión oficial contaba con plazas vacantes y la habitación de hotel en Nueva York tenía una tarifa fija doble, por lo que la estadía no generó costos adicionales. “El tiempo es un juez tan sabio que al final da la razón a quien la tiene. Fin”, celebró el funcionario en su cuenta de X apenas se conoció la noticia.
Sin embargo, el “Fin” de Adorni parece ser solo parcial. Mientras el Jefe de Gabinete celebra el cierre del flanco mediático más expuesto, otros dos expedientes avanzan en los tribunales con testimonios que complican su situación patrimonial y sus vínculos con empresarios.
La lupa sobre el patrimonio y el litigio de las “jubiladas”
La causa más voluminosa es la de presunto enriquecimiento ilícito, que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. Esta semana, el expediente sumó un testimonio clave: Pablo Feijóo, hijo de una de las jubiladas que litigan contra el funcionario, declaró sobre un reclamo de aproximadamente u$s 65.000 vinculado a una indemnización por un accidente ocurrido años atrás que los Adorni habrían cobrado.
La Justicia busca determinar por qué este conflicto de fondos no figura en sus declaraciones juradas obligatorias. A esto se suma el análisis sobre su nivel de vida, que incluye viajes recientes en primera clase a destinos como Aruba, para verificar si esos gastos son compatibles con los ingresos que el funcionario declaró desde su llegada a la Casa Rosada.
Dádivas: el vuelo a Uruguay y la conexión con la TV Pública
El tercer frente judicial, bajo la mirada del juez Ariel Lijo, investiga el presunto delito de dádivas. El foco está puesto en los vuelos privados que Adorni y su familia realizaron a Punta del Este durante el último feriado de carnaval.
Aunque el funcionario sostuvo haber pagado los pasajes, testimonios de la empresa de aviación indicaron que los viajes habrían sido costeados por la productora Imhouse, propiedad del empresario Marcelo Grandio. El dato que más preocupa en la Jefatura de Gabinete es la conexión comercial: la productora de Grandio ha sido proveedora de contenidos para la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita directa del propio Adorni.
Con el fallo de Rafecas, el funcionario logra sacudirse la denuncia por el uso de recursos estatales en el viaje de su esposa. Sin embargo, las causas que indagan en el origen de sus fondos y en sus favores cruzados con contratistas del Estado entran ahora en su fase más crítica.
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