El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, tras conocerse detalles de un viaje familiar a Aruba que demandó un gasto total de 14.696 dólares.
Según consta en el expediente que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la estadía —realizada entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025— tuvo un costo de 8.874 dólares y fue abonada en efectivo a través de una agencia de viajes de la ciudad de Buenos Aires. A ese monto se suman 5.800 dólares correspondientes a pasajes aéreos adquiridos en la aerolínea LATAM Airlines.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que no se registran consumos con tarjetas de crédito o débito durante la estadía, lo que abre la hipótesis de que los gastos en destino también habrían sido realizados en efectivo.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo es reconstruir los movimientos financieros de la pareja y determinar si el nivel de vida del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.
En paralelo, la fiscalía analiza documentación bancaria, resúmenes de tarjetas y posibles operaciones en billeteras virtuales, así como la tenencia o transferencia de criptoactivos desde 2022 hasta la actualidad. También se solicitó información adicional a entidades bancarias sobre cajas de seguridad vinculadas al entorno del funcionario.
Otro de los elementos incorporados a la investigación es la declaración de un testigo clave, hijo de una jubilada que vendió un departamento a Adorni. Según su testimonio, el funcionario mantendría una deuda de 65.000 dólares no documentada, vinculada a obras realizadas en el inmueble.
El viaje bajo análisis se produjo cuando Adorni se desempeñaba como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei, con un salario mensual cercano a los 3 millones de pesos.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y busca establecer si existen inconsistencias entre los ingresos formales del jefe de Gabinete y su evolución patrimonial.
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