La medida fue dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien invalidó el decreto que suspendía la vigencia de la ley y ordenó al Estado nacional cumplir con su aplicación. El fallo tiene alcance colectivo y se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Federal de San Martín.
En una resolución dictada este martes, en plena feria judicial, el magistrado intimó al Estado a que “en el plazo de cinco (5) días informe y acredite con las constancias respectivas el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia”, bajo apercibimiento. La orden judicial se mantiene vigente pese a la apelación, ya que el recurso fue concedido con efecto devolutivo.
El juez fundamentó la fecha límite del 4 de febrero en lo establecido por la propia Ley de Emergencia en Discapacidad, que fija un plazo de 30 días para su reglamentación. En ese sentido, la resolución señala que, tomando como punto de partida el proveído del 18 de diciembre de 2025 —cuando se concedió la apelación—, la norma deberá estar plenamente ejecutada para esa fecha, sin perjuicio de lo que resuelva posteriormente el tribunal superior.
Cabe recordar que en diciembre el Poder Ejecutivo apeló el fallo que ordenaba aplicar de manera inmediata la ley y que declaraba inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido su vigencia.
Hasta tanto la Cámara Federal de San Martín se expida, la Justicia dejó en claro que la Ley de Emergencia en Discapacidad debe cumplirse en su totalidad y que el Estado nacional deberá demostrar avances concretos en su implementación.
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