La Cámara Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo. La decisión garantiza que el Estado deba asignar los recursos necesarios para actualizar los salarios docentes y no docentes, además de recomponer las becas estudiantiles, mientras continúa el proceso judicial por el fondo de la causa.
La resolución responde al conflicto generado por el Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno intentó condicionar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso durante 2025. Ante la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo.
La Sala III de la Cámara resolvió que el recurso de apelación presentado por el CIN contra la suspensión de la ejecución de la cautelar quedó abstracto, ya que la Corte Suprema eliminó el único argumento que justificaba esa suspensión al rechazar el planteo del Estado nacional.
Como consecuencia, el expediente fue enviado nuevamente a primera instancia para que la medida sea ejecutada en su totalidad. De esta manera, la cautelar no podrá volver a suspenderse mientras se define la sentencia definitiva.
Con la decisión judicial, el Estado deberá disponer las partidas presupuestarias necesarias para garantizar:
- La actualización salarial de docentes y no docentes universitarios.
- La recomposición de las becas estudiantiles.
- La continuidad de programas académicos contemplados en la ley, entre ellos Progresar.
En junio, la Corte Suprema ya había dejado firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos centrales de la ley. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo y sostuvo la vigencia de las disposiciones vinculadas a la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
El planteo judicial se originó luego de que el Gobierno intentara frenar la aplicación de esos artículos mediante el Decreto 759/25, pese a que la ley había sido vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por ambas cámaras del Congreso, tras un amplio respaldo legislativo y movilizaciones universitarias.
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