El Grupo Razzini, el holding de origen rosarino que reúne cuatro unidades de negocios, arrastra desde hace tiempo dificultades económicas y financieras. Ahora, a ese escenario se suma una causa penal iniciada a partir de la denuncia de un empresario que acusa a la firma de no haberle entregado varios departamentos. El grupo pertenece a la familia de la diputada nacional por Santa Fe Verónica Razzini, quien se mantiene alejada de la conducción de los negocios familiares desde que ingresó en la política.
Razzini, compuesta por Hormigones Ricci SA, Razzini Materiales SRL, Razzini Industrial SRL y Almacen de Obras.com SA, se encuentra desde julio del año pasado en concurso preventivo de acreedores que tramita el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8ª de Rosario, a cargo de Luciano Daniel Juárez.
En los últimos días sumó una causa penal que tiene como denunciante y ahora querellante a Osvaldo Darragona. El inversor acusó falta de escrituración de unidades de departamentos vinculadas al holding. La defensa de la familia Razzini, encabezada por el abogado Pablo Salvatori, negó que se trate de una maniobra delictiva, y aunque admitió los incumplimientos, los atribuyó a las mismas dificultades económicas que impulsaron el concurso preventivo.
El reciente frente de problemas para la empresa obligó a la legisladora, electa por Juntos por el Cambio pero cercana al espacio libertario, tuvo que asistir el jueves pasado al Centro de Justicia Penal de Rosario para una audiencia. El caso es investigado por el fiscal Gastón Dalmau y hasta el momento, no hay imputación formal.
El juez Juan Ignacio Gasparini habilitó al inversor Darragona para que intervenga en el expediente como querellante. El denunciante está representado por la abogada Guillermina Fruci.
Darragona expuso que firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis unidades inmobiliarias que desarrollaron terceros relacionados comercialmente con el grupo familiar.
Los abogados de Razzini señalaron que ese acuerdo tenía fecha límite para completar las escrituraciones el 7 de julio de 2025. Pero que, al momento de transferir la titularidad de los departamentos, la mitad no pudo escriturarse y el resto quedó pendiente. Y en ese momento, explicaron, el holding entró en concurso de acreedores.
La querella, en cambio, rechaza que el incumplimiento derive solo de las dificultades financieras del grupo. Argumenta que existió una maniobra deliberada para obtener dinero mediante la comercialización de inmuebles que los vendedores sabían que no estaban en condiciones de transferir.
Los desarrolladores de los inmuebles, por su parte y según la versión de la querella, le confiaron al denunciante que dudaban de la capacidad de los Razzini para concretar las transferencias. Entre otras cosas, por pagos pendientes. El entorno del inversor sostiene que hubo un ardid porque firmaron el contrato de compraventa a sabiendas de que no lo iban a poder honrar.
Verónica Razzini es diputada nacional por Santa Fe y proviene de una familia empresaria vinculada al sector de la construcción. Su familia es propietaria del Grupo Razzini, un holding de origen rosarino que reúne distintas unidades de negocios relacionadas con la comercialización de materiales y la actividad industrial. Aunque forma parte del entorno familiar dueño de las compañías, la legisladora se mantiene alejada de la conducción empresarial desde que inició su carrera política. Su trayectoria pública estuvo ligada a Juntos por el Cambio, espacio por el que llegó al Congreso, y posteriormente se acercó al oficialismo libertario.
En el ámbito empresarial, ganó notoriedad en 2020, cuando enfrentó junto a su familia un prolongado conflicto con el Sindicato de Camioneros por bloqueos a establecimientos del grupo. A partir de esa experiencia impulsó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una organización orientada a asistir a empresas afectadas por este tipo de medidas
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