El debate por la ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo este jueves en la Cámara de Diputados. El cuerpo resolvió extender la discusión en comisiones y convocar a la Pastoral Social de la Iglesia Católica y a otras instituciones para que expongan su postura antes de avanzar con el tratamiento definitivo del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La iniciativa, impulsada dentro del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, genera tensiones tanto por diferencias internas entre radicales y socialistas como por las críticas públicas de la Iglesia, que cuestionó la idea de avanzar directamente con prohibiciones y reclamó un esquema de regulación para quienes realizan la actividad de manera informal.
La Cámara baja fijó como nueva fecha para debatir el expediente en el recinto el próximo jueves 4 de junio, aunque antes se realizará un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, previsto para el miércoles 3. Allí serán convocadas organizaciones sociales, representantes eclesiásticos y distintos actores vinculados al tema.
La discusión se profundizó luego del pronunciamiento de la Iglesia, que difundió un documento tras una reunión encabezada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, junto al responsable de la Pastoral Social rosarina, el padre Fabián Monte, integrantes de la comisión diocesana y un grupo de cuidacoches de la ciudad.
En el comunicado, la Iglesia reafirmó “el compromiso en el acompañamiento a estos trabajadores informales” y sostuvo que “cada persona posee una dignidad inalienable y que, a los ojos de Dios, todo trabajo constituye un derecho y una expresión de esa dignidad”.
Durante ese encuentro, el arzobispo Martín planteó que la actividad no debería prohibirse completamente. “Entendemos que brindan un pequeño servicio que ayuda a los demás. Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse, principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones”, expresó.
El referente eclesiástico también marcó diferencias entre quienes trabajan para subsistir y aquellos que ejercen prácticas violentas o extorsivas. “Hay muchísima gente que simplemente intenta ganarse el pan ofreciendo un pequeño servicio, porque todos tenemos algo para aportar en esta sociedad, aun el más pequeño”, sostuvo.
Al mismo tiempo, reclamó la intervención del Estado frente a hechos de violencia vinculados a la actividad, especialmente en espectáculos masivos y zonas cercanas a estadios. “La autoridad debe actuar”, remarcó en referencia a situaciones de amenazas o extorsión.
Además, Martín pidió evitar políticas de exclusión social y reclamó más oportunidades laborales para sectores vulnerables. “Ojalá pudiéramos integrarlos mucho más y que puedan acceder a un trabajo digno, porque ese sigue siendo el gran drama de la cuestión social”, afirmó.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el artículo 4, que establece que los municipios serán responsables de aplicar sanciones. Funcionarios municipales expresaron reparos sobre esa disposición y consideraron que los gobiernos locales no deberían cargar en soledad con la implementación de la norma.
Sin embargo, otros sectores del oficialismo defienden el esquema actual y rechazan transferir la competencia al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Desde esos espacios argumentan que el organismo judicial ya se encuentra sobrecargado. “Este tema no lo puede tomar el MPA porque está rebalsado con otras cosas”, sostienen.
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