La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este miércoles que el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, sean condenados a seis años de prisión por el presunto desvío de fondos públicos en el programa Sueños Compartidos. El pedido fue realizado durante un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.
La representante de la UIF, Marianella Teich, sostuvo que los acusados fueron responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y pidió además la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos en el caso de los exfuncionarios, junto con el decomiso definitivo de los bienes secuestrados.
Para los exfuncionarios Carlos Castellano, Claudio Freidin, Daniel Nasif, Karina Nasif y Silvia Nasif, el organismo reclamó cuatro años de prisión como presuntos partícipes secundarios.
Durante su exposición, Teich afirmó que la estructura estatal actuó en connivencia con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para concretar la maniobra. “La prueba demuestra el aporte de cada uno de los acusados para cometer defraudaciones en perjuicio del Estado, al adjudicar de modo directo las obras y desviar fondos a sociedades fantasma”, sostuvo.
Además, agregó: “Juzgamos la instrumentación deliberada de la estructura orgánica del Estado en connivencia con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para defraudar las arcas públicas por $206.438.454,05, a valor histórico”. Según detalló, ese monto representa el 23,4% de las partidas giradas al programa y muchas de las obras terminaron abandonadas, inconclusas o colapsadas.
La causa investiga el presunto desvío de 200 millones de pesos de un total cercano a 900 millones enviados por el Estado nacional entre 2008 y 2011 para construir viviendas sociales y hospitales en distintas provincias durante el gobierno de Cristina Kirchner. Tanto la Fiscalía como la UIF sostienen que los fondos fueron utilizados mediante contrataciones directas y certificados de obra irregulares, pese a que numerosos proyectos nunca fueron finalizados.
En su alegato de julio, el fiscal Diego Velasco había señalado que “nada era gratis, todo se pagaba, todos tenían grandes ganancias. Pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, además de describir un “esquema criminal pergeñado y organizado desde el Estado nacional”.
De Vido siguió la audiencia por videoconferencia desde su domicilio en Zárate, donde cumple prisión domiciliaria por la tragedia de Once, mientras que José López participó desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido por la causa Vialidad. Con el cierre del alegato de la UIF concluyó la etapa acusatoria y, desde la próxima semana hasta fines de agosto, será el turno de los alegatos de las defensas. El veredicto del tribunal integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg se conocería durante el mes de septiembre.
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