La Justicia Federal de Río Grande puso un freno al avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dispuso que dos de las compañías vinculadas al emprendimiento, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, no puedan iniciar ni continuar determinadas obras relacionadas con la explotación hidrocarburífera.
La resolución surgió a partir de una presentación realizada por un excombatiente de la guerra de Malvinas y establece una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial. Entre las actividades alcanzadas aparecen las perforaciones, la instalación de infraestructura submarina y las tareas relacionadas con el comienzo de la extracción comercial.
El fallo también pone bajo análisis el esquema financiero que sostiene el emprendimiento. La Justicia busca identificar a las entidades que intervienen en su financiación y conocer qué operaciones económicas fueron realizadas o están previstas para permitir el desarrollo del proyecto.
Información sobre empresas, bancos y seguros
Como parte de las medidas ordenadas, las compañías deberán aportar documentación sobre la conformación societaria detrás de Sea Lion y precisar qué fondos y entidades financieras participaron de su financiación.
También tendrán que informar cuáles fueron los desembolsos concretados, cuáles están comprometidos y cuáles permanecen pendientes. A esto se suma la identificación de las compañías aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con el emprendimiento.
El requerimiento alcanza además a distintos aspectos técnicos y ambientales. Las empresas deberán aportar información sobre estudios de impacto, evaluaciones de riesgo, posibles escenarios de derrames y mecanismos previstos para responder ante eventuales contingencias.
La Justicia pidió asimismo detalles sobre la infraestructura terrestre y portuaria utilizada o proyectada para respaldar las operaciones, además de información sobre futuras ampliaciones y nuevos pozos que pudieran incorporarse al proyecto.
La consulta a la Cancillería
La causa también derivó en un pedido de información al Gobierno nacional. La jueza Borruto otorgó diez días a la Cancillería para que determine si las empresas involucradas contaron en algún momento con permisos, autorizaciones o algún tipo de consentimiento de autoridades argentinas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos que integran la Plataforma Continental Argentina.
El requerimiento apunta a establecer qué antecedentes administrativos existen en relación con las actividades desarrolladas en la zona.
También deberán informar si hubo evaluaciones ambientales
La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete, deberá revisar sus registros para determinar si existe algún trámite relacionado con Sea Lion.
En particular, tendrá que informar si se presentó algún aviso de proyecto o si se inició un procedimiento de evaluación ambiental respecto del emprendimiento y sus posibles ampliaciones.
También deberá indicar si se emitieron declaraciones de impacto ambiental, certificados de aptitud ambiental u otros actos administrativos equivalentes. Si no existiera ningún antecedente, tendrá que comunicar al juzgado si se inicia un procedimiento de ese tipo en el futuro.
La magistrada aclaró que la resolución no representa una sentencia definitiva sobre el proyecto ni determina responsabilidades de las empresas involucradas. Se trata de una decisión provisoria adoptada mientras avanza el expediente judicial y se reúne la información requerida.
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