El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que establece nuevas sanciones para personas y empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y forma parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei para reforzar la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área en disputa.
La propuesta plantea reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, y ampliar su alcance a distintas actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales. También incorpora sanciones para accionistas y proveedores que participen de esas operaciones bajo determinadas condiciones.
Qué propone la nueva ley sobre Malvinas
El proyecto establece un régimen de sanciones económicas, administrativas y penales para quienes desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales sin autorización argentina.
Entre las medidas contempladas aparecen multas, inhabilitaciones, suspensión o cancelación de permisos y restricciones para contratar con el Estado. Para determinadas actividades relacionadas con recursos no renovables, el texto prevé un agravamiento de las penas.
La iniciativa también incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización, destinado a quienes cesen las actividades alcanzadas por la norma y cumplan las condiciones establecidas por el proyecto.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
Otro de los ejes del proyecto es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que tendrá como órgano rector al Consejo de Seguridad Nacional.
La estructura estará encabezada por el Presidente y buscará coordinar áreas vinculadas con la política exterior, defensa, inteligencia, economía y asuntos jurídicos. También contempla mecanismos para la protección de infraestructuras críticas.
La iniciativa suma además un marco de protección aeroespacial y marítima, con procedimientos para responder ante determinadas amenazas externas.
El antecedente: Sea Lion
El envío del proyecto al Congreso se produce después de que el Gobierno nacional avanzara durante septiembre con medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas.
El Ejecutivo había anunciado el proyecto el 3 de septiembre, luego del avance del proyecto petrolero Sea Lion, y posteriormente inició procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y proveedores que, según el Gobierno, estarían vinculados con actividades prohibidas por la Ley 26.659.
El 7 de septiembre, además, la Cancillería presentó una denuncia penal contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Con el proyecto ya en Diputados, comienza ahora su recorrido parlamentario, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.
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