Ante la austeridad que plantea el Gobierno Nacional, el conflicto institucional con la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo y tenso capítulo este martes. La disputa tiene dos frentes simultáneos: el reclamo judicial de Axel Kicillof por los recursos retenidos por nación y la embestida legislativa de La Libertad Avanza en el Senado provincial.
La vía judicial y el rojo de los números
El gobernador bonaerense decidió ir a fondo y se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para acelerar el reclamo por las transferencias adeudadas. En total, la Provincia mantiene ocho demandas activas contra el Estado Nacional por un monto que, según la Gobernación, alcanza los $681.000 millones. Entre los ítems reclamados figuran cajas clave: el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y las históricas compensaciones al transporte.
Para ponerle magnitud al conflicto económico, el ministro de Economía provincial, Pablo López, arrojó un número contundente: aseguró que desde el cambio de gestión a nivel nacional, Buenos Aires perdió recursos por $22,2 billones (entre recortes directos y la caída de la coparticipación).
La estocada libertaria en el Senado
Mientras Kicillof mira hacia el Palacio de Tribunales, La Libertad Avanza movió sus fichas en la Legislatura bonaerense. Liderados por Carlos Curestis (hombre cercano al armador Sebastián Pareja), el bloque libertario respondió poniendo bajo la lupa la gestión provincial.
A través de pedidos de informes, apuntaron directamente al programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). La jugada legislativa es estratégica: llega en medio de rumores sobre posibles reestructuraciones del plan social, producto, justamente, del desplome en la recaudación. Además, la bancada sumó proyectos para auditar y normalizar el IOMA, buscando capitalizar el malestar por las demoras y deudas de la obra social con sus prestadores.
El choque por la comida en las escuelas
La necesidad de recursos también generó un cruce directo entre los ministerios de perfil social. Andrés Larroque le reclamó a la Nación una deuda acumulada de $220.000 millones destinada al Servicio Alimentario Escolar (SAE).
La respuesta cruzó rápido la General Paz: desde el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello desconocieron el rojo. Se desligaron de la cifra asegurando que el programa es de estricta competencia provincial y que la Nación ya está girando el 20% de aporte que le corresponde.
Curiosamente, este escenario de fuego cruzado en los tribunales y el recinto se da en un día particular. Los principales referentes de ambos espacios tienen agendado cruzarse hoy en la misa por el aniversario del fallecimiento del papa Francisco. Un espacio de espiritualidad que, al menos en los números de la gestión, no se traduce en ninguna señal de tregua política.
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