Una investigación de más de dos años permitió desarticular una organización dedicada al tráfico ilegal de armas que operaba a nivel federal y contaba con ramificaciones incluso en países limítrofes. El operativo, denominado “Armas sin fronteras”, incluyó más de 140 allanamientos en distintos puntos del país y dejó un saldo de 35 personas detenidas.
Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal Argentina en al menos 12 provincias: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron un importante arsenal compuesto por 25 escopetas, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, 7 ametralladoras, una carabina, tres pistolones, 32 cargadores, más de 40 mil municiones y una granada.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre maniobras irregulares en la adquisición de armamento. A partir de tareas de inteligencia criminal y análisis de información, se logró identificar una estructura delictiva organizada que operaba en distintas jurisdicciones del país.
La investigación estuvo a cargo del Departamento Investigaciones Antimafia y contó con la intervención del Juzgado Federal de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, junto a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal Santiago Marquevich.
El expediente se originó a partir de una presentación del Registro Nacional de Armas (Renar), que detectó la existencia de una red que adquiría armas en el mercado legal para luego desviarlas al circuito clandestino. Para ello utilizaban “testaferros”, es decir, personas que prestaban sus datos para concretar compras en grandes cantidades y en cortos períodos de tiempo.
Los investigadores determinaron que muchas de estas adquisiciones no se correspondían con la capacidad económica de los compradores, lo que encendió las alertas sobre posibles maniobras fraudulentas. Además, detectaron la participación de armerías, gestores e instructores de tiro que facilitaban los trámites a cambio de dinero.
Una vez obtenidas, las armas eran adulteradas —limando sus numeraciones— para dificultar su trazabilidad y luego eran distribuidas en distintos puntos del país e incluso en países vecinos como Chile y Uruguay. Posteriormente, el dinero obtenido era presuntamente blanqueado mediante la compra de bienes.
La organización presentaba una estructura compleja, con roles definidos que incluían desde usuarios registrados hasta exempleados del Renar, quienes utilizaban sus conocimientos y contactos para agilizar los procesos administrativos. También se detectó un grupo dedicado a reclutar personas en situación de vulnerabilidad económica para incorporarlas como prestanombres dentro del esquema.
El avance de la causa permitió exponer una red que alimentaba el mercado ilegal de armas, un fenómeno que, aunque no siempre visible, tiene un impacto directo en los niveles de violencia urbana en distintas regiones del país.
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