El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de restringir severamente, e incluso prohibir, la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal. La iniciativa fue anticipada por el presidente Javier Milei ante dirigentes y legisladores de La Libertad Avanza y forma parte de su estrategia para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.
Actualmente, la normativa vigente permite que el Banco Central otorgue asistencia al Tesoro mediante adelantos transitorios. El esquema fue establecido en 2012, durante el gobierno kirchnerista, y habilita a la autoridad monetaria a prestar hasta el 12% de la base monetaria, además de un porcentaje vinculado a la recaudación de los últimos doce meses.
La legislación también contempla una cláusula excepcional que permite ampliar ese financiamiento en contextos económicos adversos, otorgando mayores facultades al Banco Central para asistir al Estado.
El antecedente de Perú
El modelo que analiza el oficialismo tiene similitudes con el sistema aplicado en Perú desde comienzos de la década de 1990, tras la crisis hiperinflacionaria que atravesó ese país. Durante la presidencia de Alberto Fujimori se establecieron límites estrictos a la emisión monetaria, normas que permanecen vigentes desde hace más de tres décadas.
En el caso peruano, las restricciones fueron incorporadas a la Constitución y garantizan una amplia autonomía del banco central. Entre otras disposiciones, se prohíbe el financiamiento directo al sector público, la concesión de créditos orientados a actividades específicas y la implementación de múltiples tipos de cambio.
Ese esquema también reconoce al dólar como moneda de uso legal para operaciones comerciales y financieras, una característica que algunos especialistas vinculan con la idea de competencia de monedas promovida por la administración de Milei.
El debate sobre las utilidades del Banco Central
Otro de los puntos que genera discusión es el traspaso de utilidades del Banco Central al Tesoro. Durante este año, el Gobierno recibió transferencias por alrededor de 24,4 billones de pesos correspondientes a ganancias registradas en 2025.
Parte de esos beneficios surgieron de la actualización del valor en pesos de las reservas internacionales, una metodología cuestionada por algunos economistas, que consideran que puede representar una forma indirecta de financiamiento del gasto público.
La reforma de 2012
La modificación de la Carta Orgánica impulsada en 2012 durante la gestión de la entonces presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, amplió los objetivos de la entidad.
Hasta ese momento, la misión principal del organismo era preservar el valor de la moneda. La reforma incorporó nuevos objetivos vinculados a la estabilidad financiera, la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La propuesta que impulsa el actual Gobierno apunta a revertir parte de esos cambios y reinstalar un marco normativo que limite al máximo la posibilidad de utilizar la emisión monetaria como herramienta de financiamiento estatal, tomando como referencia experiencias como la peruana, que mantiene desde hace más de treinta años reglas estrictas en materia monetaria y fiscal.
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