El presidente Javier Milei volvió a defender la creación de un marco legal para empresas gestionadas por inteligencia artificial y respondió públicamente a las objeciones planteadas por el historiador Yuval Noah Harari, quien había advertido sobre los riesgos de otorgar personalidad jurídica a agentes autónomos. La discusión se da en torno a una iniciativa impulsada por el mandatario para convertir a la Argentina en un polo global de desarrollo tecnológico, con incentivos fiscales y regulaciones reducidas para el sector.
La respuesta de Milei quedó plasmada en una carta oficial titulada “Personalidad jurídica para empresas de IA: revisando las preocupaciones de Harari”, difundida este jueves. Allí, el jefe de Estado rechazó los cuestionamientos del autor de Sapiens y sostuvo que las compañías administradas por algoritmos deberían estar sujetas a las mismas normas y responsabilidades que cualquier sociedad convencional.
La controversia comenzó días atrás, cuando Milei publicó una columna en el diario británico Financial Times en la que propuso la creación de una nueva categoría legal para empresas operadas por robots, agentes de inteligencia artificial o algoritmos autónomos. El planteo fue cuestionado por Harari, quien alertó que este tipo de organizaciones podrían acumular activos, contratar empleados, participar del comercio internacional, iniciar demandas judiciales o incluso financiar campañas políticas sin intervención humana directa.
Según el historiador, el principal problema radica en la dificultad para sancionar a una inteligencia artificial cuando incurre en conductas ilegales. A diferencia de una persona física, una IA no puede ser encarcelada ni responsabilizada de la misma manera que un ejecutivo humano.
Sin embargo, Milei sostuvo que ese razonamiento fortalece, y no debilita, la necesidad de otorgarles un encuadre jurídico específico. “Preferiría ampliamente tener un patrimonio contra el cual poder reclamar si soy engañado por una IA, antes que no tener protección alguna”, argumentó el mandatario. Para el Presidente, la existencia de activos identificables y un patrimonio embargable permitiría establecer mecanismos claros de responsabilidad frente a posibles daños o incumplimientos.
Uno de los puntos que más repercusión generó fue una referencia a la obra “Yo, Robot”, del escritor Isaac Asimov. Milei recordó una historia en la que un candidato político es señalado por ser, presuntamente, un robot. En ese contexto destacó que el personaje trabajaba de manera constante, era honesto y mantenía siempre la compostura. A partir de esa descripción lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “¿Por qué no probar con el político robot?”.
Aunque no presentó la idea como una propuesta concreta, la expresión abrió un nuevo debate sobre la comparación entre dirigentes humanos y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la toma de decisiones públicas.
En otro tramo de su argumentación, Milei afirmó que una empresa autónoma tendría incluso más incentivos para cumplir la ley que una persona. Según explicó, si una firma de inteligencia artificial fuera disuelta o quebrara como consecuencia de una infracción, para esa IA equivaldría a una suerte de “muerte”, por lo que tendería a evitar conductas que pusieran en riesgo su existencia.
El Presidente también intentó desactivar las advertencias más extremas sobre el avance de esta tecnología. En ese sentido, sostuvo que reconocer jurídicamente a una empresa de IA no implica habilitar un escenario similar al “Día del Juicio Final” de la saga Terminator, sino generar condiciones comparables a las que permitieron el desarrollo de innovaciones históricas durante la Revolución Industrial.
Finalmente, Milei cuestionó una de las principales comparaciones utilizadas por Harari: la referencia a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Para el mandatario, ese antecedente no demuestra los riesgos de otorgar personalidad jurídica a una organización, sino los peligros de que los Estados deleguen atribuciones soberanas, como el control territorial, el uso de fuerzas militares o la firma de tratados internacionales. “Fue el Estado el que causó y permitió el abuso”, concluyó.
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