El debate por la regulación del transporte en Mar del Plata dejó las vías diplomáticas y terminó a los golpes. Este lunes, la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante tuvo que ser suspendida de urgencia cuando una discusión técnica escaló a una violenta pelea generalizada. La chispa que encendió el descontrol fue la intervención de Facundo Setzes, representante de las aplicaciones, quien tomó el micrófono para asegurar que su actividad “no es ilegal”.
La reacción del público, compuesto mayormente por taxistas y remiseros, fue inmediata. Los silbidos e insultos iniciales derivaron en forcejeos, empujones y golpes de puño que cayeron directamente sobre las bancas de los ediles. La violencia llegó a tal punto que una mujer recibió trompadas en el rostro en medio del recinto.
Pero la guerra no es solo física; en los tribunales se reclama una cifra histórica. Ocho conductores del sistema tradicional, amparados por gremios locales, lanzaron una fuerte ofensiva judicial contra Uber, DiDi y Cabify. A través de una demanda civil colectiva por daños y perjuicios, los acusan de ejercer competencia desleal por operar sin habilitación municipal.
El número del reclamo sacude el tablero: exigen 106 millones de pesos por cabeza en concepto de “viajes perdidos”, elevando la cifra total a la asombrosa suma de 848 millones. La magnitud del conflicto es tal que el expediente ya aterrizó en los despachos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Mientras la tensión crece en las calles y en la Justicia, el salvavidas legislativo sigue pinchado. Los proyectos para destrabar la crisis urbana están paralizados por las profundas diferencias entre los bloques políticos. La Libertad Avanza presiona por una desregulación total del sistema —eliminando tarifas fijas y límites de antigüedad vehicular—, una medida que los taxistas rechazan tajantemente. Por su parte, la UCR propone flexibilizar las normativas del taxi tradicional para devolverles competitividad, mientras que la Coalición Cívica insiste con reflotar un proyecto de 2022: legalizar las apps, pero con la estricta prohibición de que levanten pasajeros en la vía pública.
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