La mañana del 1 de mayo terminó de la peor manera para Carlos Héctor Velázquez. Tenía 77 años, una vida entera vinculada al Ejército y más de seis décadas de aportes a la obra social de las Fuerzas Armadas. Murió tras ingerir un frasco de pastillas. La Justicia confirmó que se trató de un suicidio. Pero su muerte, lejos de cerrarse en lo personal, abrió una pregunta más amplia: qué pasa cuando el sistema que debería cuidar a quienes sirvieron al Estado deja de responder.
No fue un hecho aislado ni impulsivo. Dos meses antes, el 4 de marzo, Velázquez había intentado quitarse la vida de otra manera. Se disparó en el abdomen frente al Monumento al General San Martín, en el Parque de Mayo. En su mochila llevaba un arma y una carta. Allí dejó escrito, con claridad, los motivos de su decisión: su deterioro de salud y la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos.
“Sufrí una infección muy grave en los ojos. En la nariz me hicieron una operación de más de ocho horas y después me detectaron cáncer”, relató en ese mensaje. También dejó asentada su historia con la obra social: “Desde que comencé mi carrera en el Ejército a los 16 años pago la obra social. Tengo casi 80 años y sigo pagando. Nunca dejé de hacerlo”.
Su historia se inscribe en un contexto más amplio: la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), denunciada desde hace meses por afiliados, prestadores y representantes del sector. Falta de cobertura, demoras en tratamientos, cortes de medicamentos y deudas millonarias forman parte de un escenario que afecta a cientos de miles de personas.
Los números dan cuenta de la magnitud del problema. Según datos oficiales presentados ante el Congreso, la deuda de la obra social asciende a más de 248 mil millones de pesos. El pasivo incluye gastos prestacionales, reintegros adeudados y préstamos, en un esquema que dejó a muchos afiliados sin respuestas frente a enfermedades graves.
Al momento de su intervención, IOSFA contaba con más de 523 mil afiliados en todo el país, entre personal activo, retirados y sus familias. Muchos de ellos dependen exclusivamente de ese sistema para acceder a atención médica, especialmente en regiones donde la oferta sanitaria es limitada.
En paralelo, la crisis institucional también se profundizó. La renuncia del presidente de la obra social, en medio de tensiones con el Ministerio de Defensa, expuso las dificultades para gestionar una estructura atravesada por deudas, conflictos internos y cambios en su organización. El Gobierno analiza alternativas para afrontar el déficit, incluyendo la venta de inmuebles militares, una medida que generó preocupación en distintos sectores.
La situación incluso escaló a una disputa política dentro del oficialismo, con cruces entre funcionarios y denuncias de irregularidades en la gestión anterior. En ese contexto, IOSFA dejó de ser solo una obra social en crisis para convertirse en un foco de conflicto institucional.
Pero detrás de las cifras, los debates y las decisiones administrativas, aparecen historias como la de Velázquez. Historias donde la crisis deja de ser abstracta y se vuelve concreta: en un tratamiento que no llega, en un medicamento que falta, en una respuesta que nunca aparece.
Su muerte volvió a poner en primer plano una realidad que muchos afiliados vienen denunciando en silencio. Y dejó expuesta una tensión incómoda: qué sucede cuando quienes durante décadas aportaron al sistema se enfrentan, en el momento de mayor vulnerabilidad, a la falta de cobertura.
En ese cruce entre lo personal y lo estructural, el caso de Carlos Héctor Velázquez se transforma en algo más que una tragedia individual. Es también un síntoma. Uno que obliga a mirar de frente el funcionamiento —o el deterioro— de un sistema del que dependen miles de familias en todo el país.
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