El Gobierno nacional envió al Senado un nuevo proyecto de ley para combatir la ludopatía y regular los juegos de apuesta online. Este proyecto tiene puesto el foco en la protección de niños y adolescentes. La iniciativa prohíbe el acceso de menores a las plataformas de apuestas y endurece las penas para quienes operen sitios ilegales, aunque existe un punto con el cual se puede generar debate, ya que habilita la publicidad de las casas de apuestas autorizadas bajo determinadas restricciones.
La propuesta marca diferencias con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, que establecía una prohibición mucho más amplia sobre la promoción de este tipo de juegos. De avanzar en el Senado, el texto deberá volver a Diputados para analizar las modificaciones incorporadas.
La iniciativa será tratada por las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presididas por los senadores libertarios Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
Uno de los principales objetivos del proyecto es impedir que menores de edad puedan acceder o utilizar plataformas de apuestas online. Además, propone desarrollar campañas de prevención y concientización sobre los riesgos del juego patológico y elaborar estadísticas e información epidemiológica que permitan monitorear la evolución de la problemática.
La iniciativa también prevé la identificación de grupos vulnerables y la implementación de políticas de asistencia y rehabilitación para personas afectadas por conductas adictivas vinculadas al juego.
El punto más polémico: la publicidad
La cuestión publicitaria aparece como el eje de mayor controversia política. Mientras que el proyecto aprobado por Diputados avanzaba hacia una prohibición casi total de la promoción de apuestas online, la propuesta impulsada por el Ejecutivo permite la publicidad de operadores autorizados, aunque bajo reglas específicas.
Según el texto, va a quedar prohibida la difusión de plataformas no autorizadas, así como cualquier forma de promoción vinculada a operadores ilegales.
Además, la publicidad de las empresas habilitadas no podrá estar dirigida a menores de edad ni asociar las apuestas con el éxito económico, laboral o social. Tampoco puede sugerir que participar en juegos de azar genera aceptación social o reconocimiento personal.
Otro de los límites establecidos impide vincular las apuestas con el consumo de alcohol o tabaco. Asimismo, los medios de comunicación y plataformas digitales que difundan anuncios deberán verificar previamente que las empresas anunciantes cuenten con autorización oficial para operar.
Endurecen las penas para el juego ilegal
El proyecto también contempla sanciones penales más severas para quienes tengan o participen de plataformas clandestinas. Las personas que administren sitios de apuestas online sin autorización van a llegar a recibir penas de entre tres y seis años de prisión.
Por otra parte, quienes colaboren con esas operaciones ilegales mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento podrían enfrentar condenas de entre dos y cuatro años de cárcel si se demuestra que conocían la falta de autorización correspondiente.
Un debate que vuelve al Congreso
La discusión sobre la regulación de las apuestas online había generado un amplio debate durante 2024, cuando la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por sectores de la oposición con fuertes restricciones a la publicidad del sector.
Sin embargo, el proyecto nunca logró avanzar en el Senado debido a diferencias entre los distintos bloques políticos sobre el alcance de las prohibiciones y los mecanismos de control.
Ahora, la propuesta impulsada por el Gobierno reabre la discusión con un enfoque distinto: reforzar la protección de menores y combatir el juego clandestino, pero sin eliminar por completo la posibilidad de promocionar plataformas legalmente autorizadas.
La iniciativa comenzará a ser analizada en comisión durante las próximas semanas y promete convertirse en uno de los debates más relevantes del año en materia de regulación digital y salud pública.
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