La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo recurso presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. En esta oportunidad, la presentación estaba vinculada con una denuncia penal contra la fiscal que investigó el crimen y otros funcionarios judiciales, a quienes la defensa les atribuía presuntas irregularidades durante las primeras horas del expediente.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el planteo por considerar que no contaba con una fundamentación autónoma suficiente y que no rebatía adecuadamente los argumentos de la decisión cuestionada.
El reclamo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los siete cuestionaron cómo se habían llevado adelante las declaraciones indagatorias realizadas poco después del homicidio, al sostener que no se les habían comunicado correctamente los hechos atribuidos ni las pruebas reunidas en su contra.
La denuncia contra la fiscal y otros funcionarios
La controversia se originó en febrero de 2020, cuando la defensa cuestionó las condiciones en las que se habían tomado las primeras declaraciones de los detenidos. Entre sus argumentos, señaló presuntas inconsistencias en los horarios registrados en las actas y puso en duda que se hubieran cumplido todas las formalidades legales correspondientes.
A partir de esos cuestionamientos, Tomei promovió una denuncia penal independiente por presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
Entre las personas denunciadas estaban la fiscal Verónica Zamboni, responsable de la investigación del homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dispuesto las prisiones preventivas de los acusados.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores permitió que los rugbiers fueran incorporados como particulares damnificados en ese expediente. Sin embargo, la denuncia fue posteriormente desestimada por ausencia de dolo y tampoco prosperaron los pedidos de nuevas medidas de prueba formulados por la defensa.
El abogado intentó revertir esas decisiones mediante distintas presentaciones judiciales. También recusó al juez Mancinelli y cuestionó la constitucionalidad del mecanismo utilizado para revisar la desestimación de la denuncia. Ambos planteos fueron rechazados y esas decisiones recibieron luego la confirmación de instancias superiores.
El recorrido judicial hasta la Corte Suprema
El expediente pasó por diferentes tribunales de la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2025, la Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó una nueva presentación extraordinaria que buscaba trasladar la discusión al ámbito nacional.
Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora desestimó el recurso por sus deficiencias argumentales. De esta manera, quedó cerrada esta vía de impugnación relacionada con la denuncia contra los funcionarios judiciales.
La decisión no representa una nueva evaluación de las pruebas del homicidio ni altera las condenas impuestas a los ocho acusados. El pronunciamiento se limita al planteo vinculado con las supuestas irregularidades denunciadas por la defensa.
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