El juicio contra Francisco “Fran” Riquelme, acusado de liderar una asociación ilícita e instigar homicidios desde prisión, culminó este viernes con la lectura del veredicto a cargo del juez Gustavo Pérez de Urrechu, en un proceso que volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penitenciario y la violencia narco en Rosario.
El debate oral y público había comenzado en marzo y tuvo a quince acusados vinculados a una estructura criminal que operaba principalmente en los barrios Empalme Graneros y Ludueña entre 2021 y 2023. Durante el juicio, los fiscales Luis Schiappa Pietra, Adrián Spelta y Patricio Saldutti sostuvieron que la organización dirigía balaceras, amenazas y homicidios desde el interior de la cárcel de Piñero.
Al concluir la audiencia judicial, los fiscales destacaron la envergadura del proceso que acababa de finalizar. “Acabamos de salir de la audiencia donde se celebró uno de los juicios más grandes de la Provincia de Santa Fe por la cantidad de personas llevadas a juicio, por el tiempo que llevó y por los hechos que representaron”, señalaron. Además, remarcaron el cambio metodológico en la investigación judicial: “Fue el primero de los juicios que surgen de una investigación por foco, […] en donde ya no se traen a juicios hechos en formas individuales, sino que se analiza todo un contexto, un foco, tal vez territorial o tal vez de banda”.
En la audiencia final, el juez remarcó el contexto en el que ocurrieron los hechos investigados. “Los delitos que aquí se juzgaron no ocurrieron sin contexto ni fueron hechos aislados, sino que se dieron en un territorio que según los propios testigos estaba ‘en guerra’ entre 2021 y 2022”, sostuvo.
En sintonía con esta mirada del tribunal, desde la fiscalía reafirmaron “esta situación de territorio en guerra que eran estos 3 barrios, Empalme, Ludueña e Industrial, entre los años 2021 y 2023”, revelando que el debate oral expuso “la existencia de violencia altamente lesiva para consolidar los frutos de las economías ilegales”. Para dimensionar esa violencia, detallaron: “La cantidad de hechos que expusimos en el debate oral fueron 42 hechos criminales, entre homicidios, tentativas, balaceras, extorsión, portación de armas de fuego… alrededor de 16 son homicidios en particular”.
Además, señaló que cerca del 25 % de los homicidios registrados en Rosario durante ese período ocurrieron en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, “con dirección emanada desde una cárcel”.
“El temor no era abstracto”, afirmó Pérez de Urrechu, quien también hizo referencia a episodios ocurridos durante el desarrollo del juicio. “Inclusive durante el debate hubo gestualidad amenazante de los acusados. Además, se dejaban carteles como los que deja la mafia. Lo que quedó claro es que las amenazas se cumplen”, expresó.
La Fiscalía había reiterado el pedido de prisión perpetua para Riquelme, a quien le atribuyeron la instigación de dos homicidios y el rol de líder de una asociación ilícita que operaba desde prisión. Tras conocerse las sentencias, el Ministerio Público de la Acusación valoró la severidad del fallo y el precedente que sienta en la justicia penal: “De estas 15 personas hubo 12 con condena a prisión perpetua, entendemos por lo menos de los registros que tiene el Ministerio Público de la Acusación, que no hay antecedentes de un juicio de semejante tamaño, cuanto menos en el ámbito de la provincia de Santa Fe con seguridad”.
Por su parte, la defensa del acusado insistió durante los alegatos en que el caso reflejaba “el fracaso del sistema carcelario” y cuestionó la falta de investigaciones sobre posibles responsabilidades dentro del Servicio Penitenciario.
Según planteó la abogada Antonela Travesaro, “sostener estas atribuciones implica afirmar delitos cometidos con la aquiescencia del Estado”, en referencia a la posibilidad de que la organización criminal haya operado con connivencia institucional desde el interior de las cárceles provinciales.
El juicio también volvió a exponer las maniobras delictivas que, según distintas investigaciones judiciales, se organizaron desde unidades penitenciarias mediante el uso de teléfonos celulares, amenazas y órdenes dirigidas hacia bandas que actuaban en distintos barrios rosarinos.
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