El Plan Bandera continúa activo en Rosario y, según aseguró Germán Pugnaloni, director Nacional de Enlace con la Justicia, los resultados del operativo muestran una evolución favorable. El funcionario dialogó con el equipo de Antes de Todo, por Radio Boing, y repasó la actualidad del despliegue de las fuerzas federales en la ciudad.
Pugnaloni explicó que las zonas establecidas en coordinación con el Gobierno de Santa Fe continúan bajo vigilancia y que el esquema de seguridad se adapta de manera permanente de acuerdo con las necesidades detectadas.
“El Plan Bandera sigue trabajando como desde el día que se lanzó en la ciudad de Rosario”, afirmó.
En ese sentido, señaló que las fuerzas federales realizan rotaciones y modificaciones en las zonas de despliegue a partir del análisis de la situación en cada sector.
“Hacemos permanentemente algún ajuste, alguna rotación, algún cambio de zona según las fuerzas y vamos permanentemente, semana a semana, viendo y evaluando evidencia”, explicó.
Según el funcionario, ese seguimiento permite identificar situaciones que requieren una atención particular y ajustar el operativo en consecuencia. También destacó el trabajo conjunto con la provincia de Santa Fe.
“Los resultados van, de a poco, todo el tiempo mejorando”, sostuvo Pugnaloni, quien remarcó la importancia de la coordinación entre las fuerzas federales y el policiamiento que lleva adelante la provincia.
Ley Antibarras: el proyecto se debate en Diputados
Durante la entrevista, Pugnaloni también se refirió al proyecto de Ley Antibarras impulsado por el Gobierno nacional, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.
El funcionario explicó que la iniciativa fue presentada ante la Comisión de Legislación Penal, que debe darle el primer tratamiento antes de que pueda avanzar hacia otras comisiones y, eventualmente, llegar al recinto.
“Es un proyecto que se había presentado ya hace un año y que por cuestiones de cambio de la configuración de la Cámara de Diputados perdió el estado parlamentario y tuvo que volver a ser presentado para su debate”, señaló.
De esta manera, el Gobierno busca recuperar el tratamiento legislativo de una iniciativa que apunta a establecer nuevas herramientas frente a la violencia vinculada con las barras y organizaciones relacionadas con espectáculos deportivos.
La denuncia por los incidentes frente al Senado
Otro de los puntos abordados durante la charla fueron los disturbios registrados el jueves en las inmediaciones del Senado de la Nación.
Pugnaloni explicó que, frente a los hechos, se realizó primero un operativo de prevención y posteriormente se canalizó la situación mediante una denuncia formal ante la Justicia.
“Hubo una actuación muy fuerte por parte de las fuerzas de seguridad tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del Ministerio de Seguridad Nacional por medio de las fuerzas federales”, indicó.
Según detalló, la intervención dejó como resultado más de 30 personas detenidas, acusadas por distintos delitos, entre ellos daño agravado, resistencia a la autoridad y lesiones.
El funcionario explicó que, a partir de esos acontecimientos, desde el Ministerio de Seguridad se presentó una denuncia ante el juzgado federal a cargo de la jueza Servini, acompañada por material recopilado durante el operativo y por las evaluaciones realizadas por las fuerzas federales.
El Gobierno investiga si hubo un intento de afectar el funcionamiento del Senado
Puñaloni sostuvo que los hechos no deberían ser considerados únicamente como episodios aislados protagonizados por particulares. En cambio, planteó que la Justicia debe analizar si existió una acción coordinada que pudiera afectar el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
“Consideramos que debe ser estudiado el tema no sólo como hechos aislados o delitos cometidos solamente por algunos particulares”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la denuncia también contempla la posibilidad de que los acontecimientos puedan ser encuadrados como atentados contra la autoridad y contra el orden democrático.
“Entendemos que es en definitiva una maniobra que puede dar lugar al delito de resistencia, atentados a la autoridad, pero también atentados al orden democrático”, sostuvo.
Según explicó, la hipótesis que plantea el Gobierno es que el conjunto de los hechos pudo haber tenido como objetivo impedir que el Senado desarrollara normalmente su actividad.
“Entendemos que es todo un concierto de hechos que tienden a que un poder del Estado no funcione o que no cumpla su cometido”, señaló Pugnaloni.
De esta manera, mientras continúa el despliegue del Plan Bandera en Rosario y el debate legislativo sobre la Ley Antibarras, la Justicia deberá avanzar también en la investigación de los incidentes registrados frente al Senado y determinar las responsabilidades correspondientes.
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