Una grave denuncia por abuso de autoridad sacude a la provincia de Córdoba, donde una mujer acusó a cuatro policías de haberla obligado a mostrar contenido íntimo de su celular durante un procedimiento en una comisaría de la localidad de San Francisco del Cañar.
Según relató la víctima, quien trabaja en la producción de contenido para adultos a través de plataformas digitales, fue citada como sospechosa en el marco de una investigación por un presunto robo. En ese contexto, aseguró que fue sometida a un interrogatorio bajo presión, durante el cual los efectivos le exigieron acceder a su teléfono y exhibir imágenes y videos privados que no guardaban relación con la causa.
El caso quedó en manos de la fiscal Analía Cepede, quien confirmó el inicio de una investigación para determinar lo ocurrido. La causa fue caratulada como presunto abuso de autoridad y mal desempeño de funciones contra los agentes involucrados.
Desde el Ministerio Público señalaron que uno de los puntos clave será establecer en qué condición se encontraba la mujer al momento del procedimiento —si como testigo o sospechosa— y si se respetaron las garantías constitucionales. En ese sentido, la fiscal remarcó que el acceso a un teléfono celular solo puede realizarse con autorización judicial.
Por su parte, el abogado de la denunciante, Ignacio Almada Vargas, sostuvo que su clienta “no estaba imputada” y que fue víctima de un accionar irregular por parte del personal policial. Además, afirmó que se intentó forzar una autoincriminación en una causa en la que no había pruebas suficientes.
El letrado también denunció que, tras el episodio, la joven sufrió una fuerte crisis emocional que derivó en un intento de suicidio, por lo que debió ser internada. Ante esta situación, la defensa solicitó la intervención de organismos especializados en violencia de género para garantizar su acompañamiento durante el proceso judicial.
En paralelo, días después del hecho se realizó un allanamiento en el domicilio de la mujer, en el que se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de escaso valor, sin que hasta el momento se hayan encontrado pruebas concluyentes en su contra.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y se centra en la recolección de testimonios y pruebas que permitan reconstruir lo sucedido dentro de la comisaría. En caso de comprobarse las irregularidades denunciadas, los efectivos podrían enfrentar cargos por abuso de autoridad, una figura penal que contempla sanciones para funcionarios públicos que exceden sus atribuciones.
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