El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido en Argentina y procesado en una causa por presunta trata de personas que tramita en la Justicia Federal de Bariloche, rompió el silencio con un mensaje público en el que aseguró haber sido perseguido políticamente en Rusia por manifestarse contra el gobierno de Vladimir Putin y cuestionó duramente el sistema penitenciario.
Rudnev, detenido desde abril de 2025, afirmó que pasó más de 12 años privado de su libertad, de los cuales 11 fueron en Rusia. Según sostuvo, fue encarcelado por expresar públicamente su rechazo al régimen de Putin y a la guerra.
“En Rusia estuve preso 11 años porque hablé en contra del régimen de Putin, en contra de la guerra y en contra de ese horror que está ocurriendo en distintos países”, expresó en una grabación difundida por su entorno.
El mensaje se conoció pocos días después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la prisión domiciliaria que cumplía, aunque condicionó cualquier traslado a una unidad penitenciaria a la realización previa de una evaluación médica integral. El acusado permanece bajo seguimiento médico luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica.
Su abogado defensor, Martín Sarubbi, adelantó que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de Justicia para intentar que continúe bajo arresto domiciliario en la localidad bonaerense de San Vicente.
Críticas al sistema penitenciario
Durante el mensaje, Rudnev realizó una fuerte crítica al sistema carcelario y sostuvo que las prisiones deberían desaparecer. “El hecho es que las cárceles son un vestigio de otra época. Las cárceles deben ser abolidas”, manifestó.
Según planteó, el encarcelamiento no favorece la reinserción social y, por el contrario, agrava las conductas delictivas. “Ninguna persona se volvió mejor estando en prisión. Por el contrario, las personas empeoran. Se vuelven más endurecidas y más proclives al delito”, afirmó.
Además, sostuvo que el encierro provoca consecuencias físicas y psicológicas negativas para los detenidos y defendió la utilización de medidas alternativas. “Las cárceles deben ser reemplazadas por otras medidas cautelares, por ejemplo, la prisión domiciliaria, para que una persona pueda permanecer en su hogar junto a su familia”, señaló.
En esa línea, consideró que la convivencia familiar y la práctica religiosa constituyen herramientas más eficaces para la rehabilitación que el encarcelamiento tradicional. “Solo en esas condiciones una persona puede corregirse y mejorar”, agregó.
El impacto sobre las familias
Rudnev también puso el foco en las consecuencias que el encarcelamiento tiene sobre los familiares de las personas detenidas. “Las cárceles separan a las personas de sus familias, dejan a los hijos sin padre y privan a los padres de ver a sus hijos durante años”, sostuvo.
Asimismo, consideró que una sociedad más humana y solidaria contribuiría a reducir los niveles de criminalidad. “Si la sociedad fuera más humana, más compasiva y más religiosa, también disminuiría la delincuencia”, afirmó.
La estrategia de la defensa
En paralelo, la defensa insiste en que no existen motivos suficientes para revocar la prisión domiciliaria. Sarubbi remarcó que Rudnev no registró incumplimientos durante el tiempo que permaneció bajo esa modalidad y destacó que todos los traslados médicos fueron autorizados judicialmente y realizados bajo custodia.
Además, señaló que el estado de salud de su defendido fue acreditado mediante estudios médicos y la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.
Otro de los puntos cuestionados por la defensa tiene relación con las sustancias secuestradas durante los procedimientos. Según peritajes de Gendarmería Nacional incorporados al expediente, los medicamentos hallados no serían estupefacientes ni drogas ilegales.
Por ese motivo, los abogados sostienen que resulta improcedente vincular la causa con actividades de narcotráfico, ya que, aseguran, no existen compradores identificados, operaciones de venta comprobadas ni elementos que permitan sostener una acusación de esa naturaleza.
Las acusaciones y la causa
La defensa también rechaza las sospechas sobre la existencia de una organización criminal y sostiene que no hay pruebas concretas que demuestren una estructura jerárquica, con roles definidos o actividades coordinadas en territorio argentino.
Respecto del riesgo de fuga, argumenta que los bienes mencionados en la investigación no pertenecían a Rudnev y que el dinero secuestrado —unos 6.000 dólares de su propiedad y una suma similar perteneciente a su esposa— no constituye un indicio suficiente para considerar que disponía de recursos extraordinarios para abandonar el país.
Además, cuestionan que en algunas presentaciones judiciales no se haya mencionado que el propio Sarubbi actuaba como segundo garante del arresto domiciliario.
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