La Justicia Federal de Rosario procesó a Leandro David Pérez, conocido como “Lelo”, como presunto autor del delito de lavado de activos de origen delictivo, en el marco de una investigación que reconstruyó una millonaria operatoria patrimonial desplegada durante varios años. La misma resolución alcanzó a su hijo Agustín Pérez, Marcelo Eduardo Malatesta y al ex policía Maximiliano Emanuel Novillo. En el caso de Novillo, además, se aplicó la figura agravada por su condición de funcionario público.
La resolución del Juzgado Federal N° 3 de Rosario lleva fecha 2 de septiembre y se produjo después de que los fiscales Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y Juan Agustín Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitaran los procesamientos. Para el tribunal, la prueba reunida permitió superar el umbral de probabilidad exigido por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación para esta etapa de la investigación.
El rol que le atribuyen a “Lelo” Pérez
Para el juez, la participación de Leandro Pérez presenta un grado de intervención “particularmente relevante” dentro de la operatoria investigada. Una de las operaciones señaladas es la adquisición, el 24 de septiembre de 2025, de una Ford Ranger DC LTD+ 3.0L V6 4×4, dominio AH671BG, cuyo valor fue estimado en el equivalente a 177 salarios mínimos, vitales y móviles.
Pero la imputación no se limita a esa camioneta. La Justicia sostiene que, desde 2024, Pérez intervino junto con su hijo Agustín en la administración con fines de venta de los departamentos del edificio Nélida 1, ubicado en avenida Pellegrini al 3800. El expediente destaca que uno solo de esos departamentos representa un valor equivalente a unos 1.465 salarios mínimos, una cifra que supera ampliamente el parámetro establecido por el artículo 303 del Código Penal.
Además, durante ese mismo período, se le atribuye haber gestionado una RAM 1500 5.7 V8 Laramie 4×4 y una Toyota Hilux 4×4, cuyos valores, considerados en conjunto, fueron calculados en 486,15 salarios mínimos. Para el tribunal, la sucesión de operaciones permite descartar que se trate de hechos patrimoniales aislados y revela una actividad continuada de adquisición, administración y circulación de activos.
Una flota de vehículos bajo la lupa
Otro de los ejes centrales de la investigación es Transporte Overland SRL, sociedad vinculada a Pérez y Malatesta. Según el expediente, a través de esa estructura se incorporaron durante varios años numerosos vehículos, camiones, motocicletas y terrenos.
La acusación enumera 46 operaciones realizadas entre 2020 y junio de 2026. Entre ellas aparecen numerosas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Ranger Raptor, Ford F-150 Raptor, Mercedes Benz, motocicletas BMW S1000RR, una KTM 1290 Super Adventure, camiones Volkswagen y Mercedes Benz y otros vehículos de alta gama.
El dato que la Fiscalía consideró especialmente relevante es que Transporte Overland recién incorporó formalmente la actividad de venta de automotores usados en junio de 2024. Sin embargo, antes de esa fecha ya había incorporado decenas de unidades que, según el dictamen, no fueron reflejadas adecuadamente en sus estados contables ni en sus declaraciones juradas.
El análisis contable también detectó que la estructura económica de la empresa no parecía compatible con la magnitud de los bienes incorporados. Por ejemplo, ARCA informó que la sociedad tenía dos vehículos en 2021, incorporó otros siete en 2022, seis en 2023 y al menos 18 en 2024. En 2022, mientras la empresa declaró ventas netas por unos $22,9 millones, los vehículos incorporados durante ese año, según la información fiscal, alcanzaban unos $58,2 millones.
Las escuchas que complicaron su situación
Las intervenciones telefónicas realizadas sobre el abonado de Pérez también fueron incorporadas como evidencia. Según la Fiscalía, las conversaciones permitieron reconstruir operaciones vinculadas con la compra de terrenos, camionetas, camiones, autoelevadores, motos y la construcción del edificio de Pellegrini.
Una de las comunicaciones consideradas relevantes ocurrió el 18 de septiembre de 2025. Allí, según el dictamen, Pérez habló con su pareja sobre la compra de vehículos y mencionó que una de las camionetas había sido adquirida con dinero que había pedido “al tipo de la hipoteca”. Otra conversación registró referencias a motos BMW, una KTM y operaciones de compraventa al contado.
El edificio de Pellegrini y los vínculos que investigó la Fiscalía
El edificio Nélida 1 ocupa un lugar central en la investigación. La Fiscalía sostiene que Pérez no solamente participó de su construcción y administración, sino que junto con su hijo intervino en la comercialización de las unidades.
Una de las escuchas incorporadas al expediente corresponde al 19 de septiembre de 2025. Un potencial comprador consultó por un departamento y Agustín Pérez explicó las características de la unidad, indicó que la torre estaba próxima a terminarse y señaló un precio de 320.000 dólares. Para los fiscales, esa conversación contradice la explicación brindada por Agustín durante su indagatoria, cuando sostuvo que solamente respondía consultas y derivaba las operaciones a inmobiliarias.
En paralelo, la Fiscalía puso bajo la lupa los vínculos de Pérez con personas investigadas o condenadas por delitos vinculados al narcotráfico. Entre ellos aparece Ariel Spadoni, condenado a 12 años de prisión por contrabando agravado de estupefacientes, quien junto con su hija figura como fiduciante del Fideicomiso Nélida 1. También se mencionan viajes compartidos y vínculos con personas investigadas en causas por infracción a la Ley de Estupefacientes.
El expediente también recupera antecedentes de la relación de Pérez con Luis Medina, señalado en la resolución como líder de una organización narcocriminal, a través de vínculos surgidos en torno a Reina Automotores y otras estructuras comerciales. La Justicia recordó además que Pérez fue condenado en febrero de 2023 por la Justicia provincial de Santa Fe a tres años de prisión efectiva por lavado de activos simple. Ese antecedente no forma parte del objeto de la nueva causa, pero fue considerado relevante para evaluar el conocimiento que, según la acusación, tenía sobre este tipo de maniobras.
Qué dijo Pérez en su defensa
Durante su indagatoria, Pérez negó de manera enfática cualquier vínculo con el narcotráfico y sostuvo que su patrimonio proviene de actividades comerciales lícitas. Explicó que se dedica a la compraventa de vehículos y a la construcción, y aseguró que las operaciones con automotores fueron realizadas mediante facturas y cheques de las empresas involucradas.
También rechazó cualquier relación con Luis Medina, con “Los Monos” o con otros nombres mencionados durante la investigación. Sobre el edificio de Pellegrini, afirmó que había construido y vendido unas 40 unidades y defendió el origen comercial de su patrimonio.
Sin embargo, el juez consideró que esos argumentos no alcanzaban para explicar el conjunto de operaciones investigadas. En particular, ponderó la reiteración de las adquisiciones, la utilización de sociedades, la administración de inmuebles y la existencia de bienes cuyo origen, según la resolución, no aparece respaldado por la capacidad económica declarada.
Procesamiento, pero seguirá en libertad
Finalmente, el Juzgado Federal N° 3 dispuso el procesamiento de Leandro David Pérez como autor del delito de lavado de activos de origen delictivo, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. La misma figura alcanzó a Agustín Pérez y Marcelo Malatesta, mientras que Maximiliano Novillo fue procesado además por el inciso 2°, correspondiente a la modalidad agravada.
La resolución no ordenó la detención de Pérez: el tribunal mantuvo el criterio adoptado anteriormente al concederle la excarcelación, al considerar que no habían cambiado las circunstancias valoradas en aquella oportunidad.
El procesamiento constituye una resolución propia de una etapa intermedia del proceso penal y no equivale a una condena. El juez consideró que existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, la hipótesis de que Pérez y los demás imputados participaron de maniobras destinadas a introducir en el circuito económico legal bienes cuyo origen se investiga como vinculado a actividades ilícitas.
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