El Senado de la Nación sesiona este jueves desde las 11 para debatir uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Gobierno nacional: la iniciativa de propiedad privada, que introduce cambios en materia de desalojos, expropiaciones, compra de tierras rurales por parte de extranjeros y manejo del fuego.
La propuesta, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de la agenda prioritaria de La Libertad Avanza y será tratada junto al acuerdo para cancelar deudas con fondos acreedores vinculadas al default de 2001.
Qué cambios propone la ley de propiedad privada
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las restricciones para que empresarios y particulares extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina.
La iniciativa establece que las provincias deberán autorizar las operaciones cuando no intervengan Estados extranjeros. No obstante, mantiene la prohibición para que gobiernos extranjeros, empresas controladas por otros países o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por recursos estatales puedan comprar inmuebles rurales.
Desde el oficialismo sostienen que la medida busca atraer inversiones y simplificar las operaciones vinculadas al sector productivo.
Desalojos más rápidos ante usurpaciones
Otro de los cambios relevantes contempla la implementación de desalojos exprés en casos de inmuebles usurpados.
El proyecto fija un procedimiento abreviado para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente, mientras que para el resto de las situaciones vinculadas a contratos de alquiler se mantendrán los mecanismos actuales.
Según la iniciativa, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino ante incumplimientos de pago. Si no existe respuesta, podrá iniciar una acción judicial que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente.
Cambios en las expropiaciones
La propuesta también modifica el régimen de expropiaciones.
Entre los principales aspectos, establece que toda declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y estar debidamente fundamentada por el Estado.
Además, fija un límite del 30 % para las indemnizaciones por lucro cesante y determina que los intereses deberán calcularse mediante una combinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa del Banco Nación a 30 días.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego
La iniciativa introduce modificaciones en la normativa sobre superficies incendiadas.
El texto elimina la restricción que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras rurales afectadas por incendios en zonas agropecuarias, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición para cambiar el destino de los terrenos afectados, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente.
También se debatirá el acuerdo con acreedores
Además del proyecto de propiedad privada, el Senado analizará una iniciativa que autoriza al Gobierno nacional a desembolsar 171 millones de dólares para cerrar acuerdos con los fondos Bainbridge y Attestor.
La administración de Javier Milei busca resolver litigios heredados del default de 2001 y evitar nuevas acciones judiciales contra activos argentinos en el exterior.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares a Bainbridge y otros 104 millones a Attestor. A cambio, los acreedores entregarán los títulos involucrados en los litigios y renunciarán a futuras acciones vinculadas con deuda emitida antes del 1 de enero de 2002.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la aprobación legislativa es clave para concretar los pagos antes del 30 de junio y cerrar definitivamente un capítulo judicial que lleva más de dos décadas abierto.
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