El gobierno de Maximiliano Pullaro ejerció desde la supremacía de los votos un avance sobre el Poder Judicial. En una especie de “vamos por todo” logró modificar leyes, con sesiones legislativas durante ¡enero! que marcan el rumbo del MPA, de las políticas de seguridad y de la Justicia en general. El diagnóstico inicial era que los fiscales estaban en un proceso sin rumbo cierto después de las profundas crisis de conducción que atravesaron. La Corte, con 6 actores del poder real, resiste a las embestidas que llegan desde la Casa Gris, trinchera desde donde la nueva gestión planificaba renovarla por completo. Los pliegos pendientes de cargos subrogados que se caen y el futuro cercano de una relación tirante.
Desde la puesta en marcha del Ministerio Público de la Acusación, la gestión de Bonfatti, con Héctor Superti a la cabeza desde el Ministerio de Justicia, dejó de lado la mirada de los magistrados respecto a la conformación de un nuevo organismo que marcaba un nuevo rumbo en la persecución penal en la provincia. En aquel momento, ni siquiera fueron consultados los jueces ni la Corte para al menos aportar su experiencia y visión en la confección del nuevo esquema, y el gobierno del Frente Progresista, con un radicalismo también preponderante en esa toma de decisiones junto al socialismo, hizo y deshizo a gusto para poder cambiar la matriz desde un sistema inquisitorio a uno acusatorio.
La rivalidad fue tan grande que hasta se creía que desde los jueces había una resistencia a que se aplique el nuevo sistema penal en Santa Fe, mientras que la Corte se mantuvo pasiva observando cómo avanzaban desde el gobierno en la transición, en primer lugar, y en la puesta en marcha definitiva en segundo término. Los recursos económicos no eran suficientes, el Centro de Justicia quedó mal diseñado para las necesidades de los magistrados que no tienen lugar para reunirse o leer un expediente, las oficinas de los fiscales son cubículos chicos en donde no entran los -pocos- trabajadores que tienen y ni siquiera están aislados de las demás oficinas, las salas de audiencia quedaron obsoletas ante los primeros juicios masivos.
En una especie de “vamos, vamos” avanzaron desde la política y pusieron en marcha el MPA, con la teoría de que con el andar los melones se acomodaban en el camión. Pero las crisis en este nuevo sistema no tardaron en llegar. Los poderes adquiridos por los nuevos funcionarios a cargo de la investigación penal hicieron que aparezcan rápidamente casos de corrupción, jefes entongados y fiscales infieles que pusieron en jaque a un esquema que todavía está en pañales.
Son los jueces, bastardeados en un inicio por aquel Poder Ejecutivo y más adelante por la univocidad de las causas en boca de la fiscalía, los que deben generar el equilibrio en las investigaciones y garantizar un proceso justo para los acusados. Los medios, que juegan un papel preponderante en este nuevo sistema, se deben también un mea culpa sobre el tratamiento de la noticia. Se han demonizado a abogados penalistas defensores y a magistrados sólo por contradecir, con pruebas, la palabra de un fiscal. Esa mirada mesiánica sobre quienes llevan adelante las investigaciones yace en lo novedoso y atractivo de la nueva herramienta de persecución penal, pero pasada la etapa del enamoramiento, debe tender al centro nuevamente. Además, si sólo tomamos la visión del acusador, convertimos a este nuevo sistema en uno más inquisitorio que el anterior.
Una persona no está condenada hasta que un tribunal de jueces lo decida, y no es un fiscal durante la recolección de pruebas y las audiencias el que debe sentenciar sobre la culpabilidad o no de un acusado. En muchos casos resonantes sucedieron desfasajes entre la sentencia y la opinión pública emitida, y fueron los medios los responsables de que la brecha se genere a partir de la creencia de que lo que comunicaba el MPA era palabra santa. Es cierto que la política interna de comunicación que se desarrolló en el organismo fue un manto fresco de modernidad, mientras que los magistrados quedaron atrapados en la vieja lógica del oscurantismo sin entender los tiempos que corren.
El gobierno elevó hace un tiempo una nota a la Corte Suprema consultando por decenas de cargos judiciales, entre ellos jueces de todos los fueros, secretarios y camaristas, que vencen hoy su subrogancia y que podían prorrogarlos en el puesto. El máximo tribunal no contestó, no sabemos si a modo de protesta por la embestida del Poder Ejecutivo hacia los 6 magistrados, o si el diagnóstico es que no tienen necesidad de cubrirlos -algo que parece impensado- y obliga ahora a Pullaro a enviar un paquete enorme de pliegos para ocupar esas vacantes.
Caídas las subrogancias, se abren los concursos nuevamente y el proceso es mucho más largo, además de que la Legislatura en Asamblea deberá nuevamente prestar acuerdo para un montón de cargos en la Justicia, como vimos en la última etapa del gobierno de Perotti y de la anterior conformación de Diputados y Senadores.
María Cecilia Vranicich, la nueva fiscal general que fue empoderada por las modificaciones legales durante enero, tiene ahora tiene capacidad de decisión en materia del rumbo de las investigaciones y de las decisiones ejecutivas en el MPA. Quiere darle una nueva impronta al organismo y cuenta con el apoyo de Pullaro por haber entendido las necesidades que planteó desde el inicio la nueva gestión.
Desde ese inicio turbulento en la relación entre el Ejecutivo y una mirada crítica hacia los funcionarios a cargo de la persecución penal, el gobierno se fue acomodando y logró retomar el vínculo desde el Ministerio de Seguridad para trabajar en conjunto. Hubo una intención de que las investigaciones las vuelvan a tomar los agentes policiales especializados, y que los fiscales se limiten a dirigir el camino, pero por el momento, ante la respuesta positiva desde las cabezas, quedó en un stand by.
La fuerza de los votos envalentonó al gobierno a ir por todo, pero dilatando los tiempos se le va a complicar poder corroer el poder de la Corte para poder renovarla por decreto o negociar, por las buenas, con cada uno de los miembros sus jubilaciones por edad. No es un tema sepultado, aunque los días pasan y la decisión de que sea “por las malas” va perdiendo fuerza con el año iniciado y un montón de temas sensibles por delante para enfrentar en el día a día de la gestión.
De los 6 integrantes, 5 tienen los años necesarios por la doctrina de la Corte nacional para que puedan jubilarlos por decreto, exceptuando a Daniel Erbetta. Rafael Gutiérrez se puso a la defensiva ante las primeras informaciones filtradas sobre la intención del gobierno provincial, y anticipó dar pelea con tal de que no lo corran de su silla. Netri, Spuler, Falistocco y Gastaldi no darán el brazo a torcer fácilmente tampoco, aunque son más permeables al diálogo que el propio Gutiérrez.
Dos visiones se vieron encontradas sobre la metodología, además de los nombres futuros que pasan a jugar un lugar clave en la negociación de los dirigentes de la política. Una era de ir de 2 en 2 para ir marcando la cancha, la otra era todo junto para que no haya capacidad de reacción. Ningunas de las dos estrategias se aplicaron, al menos por ahora.
Si no hubo acuerdo para hacerlo hasta hoy, es porque la política no se puso de acuerdo con los nombres que reemplacen a los actuales integrantes del máximo tribunal. Rige una ley de Paridad de Género que también debe aplicarse, y eso complejiza aún más las negociaciones. Cupos del norte y del sur, antecedentes académicos y profesionales, la edad y otras yerbas se cuelan en la discusión. Por supuesto, también la pertenencia política o “quién pone a quién” desde el esquema partidario. Muchas negociaciones pendientes que debilitan la chance de imponerse por la fuerza sobre la Corte actual y poder generar una renovación profunda en toda la Justicia.
Comentarios